En cada kilómetro habría vallas con advertencias de este tipo: “Cruzar esta calle es peligroso para su salud” o “Caminar o montar en bicicleta al lado de estos vehículos mata”.

Si las vías de Antioquia fueran reguladas por el Invima, la mayoría tendría una enorme valla cada tres kilómetros. Con alguna foto horrible de un accidente mostrando vehículos destrozados y, quizá, algún cuerpo tirado en la vía, al lado de la que fue su moto.

Porque el Invima sí se toma en serio -sí, a veces hasta el extremo- su papel de protector de la vida y la salud de los colombianos, y hace todo lo que pueda para impedir que consuman productos que van contra su salud. Fumar, por ejemplo.

Hay que ver las fotos y mensajes espeluznantes que aparecen en las cajetillas de cigarrillos desde hace varios años. Es cierto que aún mucha gente fuma, pero al menos no podrá argumentar que no fue advertida sobre las consecuencias. Que son nefastas, no solo para esta sino para sus vecinos y para el sistema de salud pública en general.

La vía a Las Palmas y varias del Oriente, la Regional y la Autopista, y también las de Suroeste, tendrían avisos cada kilómetro, incluso para ciclistas y peatones. Vallas advirtiendo sobre el peligro de usar las bermas o de atravesar la calle: “Cruzar esta calle es peligroso para su salud”. “Caminar o montar en bicicleta al lado de estos vehículos mata”. “Esta vía puede contener escenas impactantes, circule en compañía de un adulto responsable”.

O también los avisos podrían advertir sobre la deficiente calidad de la vía misma: “Esta vía no quedó bien diseñada, no se confíe, evítese sorpresas”, o tal vez “No se desconcentre, nuestro mantenimiento es deficiente”. Sin faltar una que confiese: “Aquí no hemos podido controlar la velocidad, usted verá…”.

En fin, si el Invima tuviera que expedir registro sanitario a las vías en Antioquia, muchas habrían sido rechazadas desde el diseño mismo. Los gobernantes de turno habrían tenido que ser más exigentes consigo mismos y con sus contratistas y tal vez no habrían alcanzado a inaugurar las obras en sus períodos de gobierno.

Y claro, todas habrían resultado más costosas al principio. Porque muchas curvas se habrían tenido que rectificar, los taludes serían más tendidos y mejor protegidos, las bermas más amplias, más predios por comprar…

Esas mayores inversiones, que en su momento habrían superado los presupuestos, en poco tiempo se habrían librado gracias al menor número de accidentes, menos vidas perdidas o afectadas, menos pérdida de activos, de tiempo, de vuelos, etcétera.

La pregunta en el fondo es, así como se regulan y prohíben los alimentos y medicinas, cuyo vendedor no pruebe hasta el extremo que no perjudican la salud, ¿qué derecho tiene un Estado de construir vías que a todas luces son peligrosas para la población gobernada? Pudiéndolo hacer bien…

¿Y qué derecho asistiría a dicha población -en especial a las víctimas o sus familiares- a reclamar por malos diseños o mala ejecución de una obra?
Y si, definitivamente ya no hay manera razonable de cambiar o mejorar las vías, al menos que se diseñen y apliquen normas más estrictas de utilización para los usuarios.
Lo que haya que hacer para proteger nuestras vidas, ¡Invima para las vías!