“No vamos a esperar a que las represas se queden sin agua”. Con esa frase, Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, explicó por qué el Ejecutivo se fijó el 31 de diciembre para aplicar medidas de choque contra el riesgo de apagón. Esa fecha no anuncia cortes eléctricos. La cuestión es si el país podrá producir suficiente energía si El Niño reduce el agua de los embalses durante varios meses. 

La preocupación tiene fundamento. El Ideam confirmó el fenómeno el 8 de octubre y calculó una probabilidad del 83 % de que conserve una intensidad fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027. El instituto advierte que El Niño no elimina los aguaceros, pero puede reducir las precipitaciones habituales. En un sistema eléctrico que utiliza el agua de los embalses, varios meses secos pesan. 

Los registros hidrológicos muestran esa presión. Según XM, operador del sistema eléctrico, al 22 de octubre los aportes de agua de los ríos equivalían apenas al 60,51 % de su promedio histórico. Si esa situación se prolonga, las hidroeléctricas tendrán menos agua disponible para generar electricidad sin agotar sus reservas. 

De ahí que la estrategia no consista en esperar a que los embalses bajen a niveles críticos. Por eso, la CREG ordenó programar una generación mínima en plantas térmicas, que producen electricidad con combustibles, y aprovechar, cuando sea posible, la energía solar y eólica. En los escenarios más exigentes evaluados por el operador del sistema, las térmicas tendrían que producir cerca de 100 gigavatios hora diarios durante más de nueve meses.  

Pero disponer de esas plantas no basta si falta combustible para ponerlas a funcionar. Por eso, el Gobierno autorizó que, ante contingencias justificadas, los generadores puedan comprar combustibles líquidos a distintos proveedores. También solicitó al Congreso trasladar $1,2 billones del presupuesto de 2026 para dar liquidez al sector eléctrico. Parte de la preocupación está en las deudas de Air-e con las generadoras térmicas, que podrían comprometer su capacidad para operar y comprar combustibles. 

El ahorro se traslada a las facturas  

Ahorrar electricidad también ayuda a conservar el agua de los embalses. Para reducir el consumo, la CREG puso en marcha, desde el primero de septiembre, un programa que compara el gasto de energía de cada usuario con su historial de los últimos doce meses. 

Quienes superen el 110 % de su meta individual deberán pagar un valor adicional por la energía consumida por encima de ese límite. En cambio, quienes gasten menos del 90 % podrán recibir un incentivo económico. Sin embargo, ese beneficio no es inmediato: depende de los recursos recaudados y de la liquidación del programa. 

Durante el primer ciclo de facturación, los usuarios solo reciben información sobre su consumo, sin cobros adicionales. Además, las reglas contemplan cobros diferenciados para los estratos 1, 2 y 3, así como excepciones por razones médicas y para servicios esenciales. 

El riesgo de racionamiento existe, pero no significa que los cortes sean inevitables. Impedirlos dependerá de cómo evolucionen los aportes de agua, de la capacidad de las térmicas para responder y de que las medidas anunciadas se traduzcan en resultados.