Por: Leonardo García Jaramillo. Pregrado en Ciencias Políticas y Centro de Valor Público, Universidad EAFIT.
Desde la Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética (1947-1991) se reorganizaron en Occidente una serie de valores atribuidos a la democracia como forma de gobierno y modelo de organización política. De manera creciente se reafirmó en distintos países que, a pesar de profundas diferencias sociales y culturales existentes en la sociedad, no podían dejar de garantizarse ciertas libertades políticas, tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de formar y pertenecer a partidos políticos, y la libertad de participación política. Las libertades civiles también adquirieron en este contexto una singular importancia.
De igual forma no podía quedar reducida a la opinión mayoritaria ni a regateos políticos la protección contra las detenciones arbitrarias, la libertad religiosa, la libertad de circulación, la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad en contra de las intromisiones indebidas del Estado. Esta idea de la democracia se valoraba sobre todo por su capacidad de diferenciarse del autoritarismo soviético. Se representaba entonces fundamentalmente en consonancia con la ideología anticomunista y, en concreto, con el pluralismo partidista, la realización de elecciones periódicas y competitivas, y la garantía de ciertas libertades individuales.
Con el surgimiento del Estado de bienestar en Europa, reflejado en países como Colombia en la integración constitucional del modelo ideológico y la formula política del Estado social de derecho, esta idea mínima de democracia, concentrada en las libertades civiles y políticas, evoluciona para garantizar también las libertades socioeconómicas. En una democracia al interior de un Estado social de derecho las autoridades, como sostuvo la Corte Constitucional, tienen la obligación de corregir las desigualdades sociales, facilitar la participación de los sectores débiles y vulnerables, y estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los sectores más deprimidos de la población (Sentencia T-025 de 2004). Una serie de valores igualitarios, no solo a nivel formal sino además material o sustantivo, se atribuyeron a la democracia como parte de sus elementos esenciales.
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En las esferas política, académica y mediática se adquirió creciente consciencia de que una democracia en la que se realizan elecciones periódicas pero la mayoría de su población padece desnutrición, analfabetismo o muere de manera prematura, es una democracia de muy baja calidad. Un cambio trascendental cristaliza la evolución de los valores de la democracia: la dignidad, pues garantiza progresivamente una dimensión más compleja respecto de la protección contra leyes, políticas o prácticas administrativas que generan maltrato y humillación. La dignidad ampara también una esfera íntima de la intromisión o afectación por parte de terceros, incluido el Estado, y reconoce además que, para diseñar y ejecutar un proyecto de vida, se deben contar con condiciones materiales concretas de existencia. Esta constatación exige además el compromiso de las instituciones del Estado por garantizar tales valores en su mayor medida posible.
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Ciertos valores responden a las exigencias de la democracia constitucional que no se limita entonces a ejercer una función de contención del poder, sino que también asume un rol activo en la creación de las condiciones materiales y jurídicas necesarias para el ejercicio real de la autonomía. En ese marco, la autonomía se entiende como un derecho fundamental que exige no solo abstenciones estatales, sino también intervenciones positivas orientadas a remover obstáculos estructurales –sociales, económicos o culturales– que impiden a las personas vivir conforme a sus convicciones, valores y proyectos vitales.
“Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Raúl Alfonsín, expresidente argentino.
El tránsito hacia un enfoque más amplio de los valores de la democracia representados por las libertades civiles, políticas y económicas, requiere la intervención del Estado. Nadie es libre si no tiene los medios mínimos para sobrevivir, como enfatizan el premio nobel de economía, Amartya Sen, y la prestigiosa filósofa, Martha Nussbaum. En este mismo sentido, Obama argumentó en su discurso de recepción del premio nobel de paz, que:
“Una paz justa incluye no sólo derechos civiles y políticos, sino que debe abarcar la seguridad económica y las oportunidades, pues la paz verdadera no es solamente la falta de temor, sino también la falta de carencias. No hay duda de que el desarrollo rara vez se arraiga sin seguridad, pero también es cierto que la seguridad no existe cuando los seres humanos no tienen acceso a suficiente alimento, agua potable o medicamentos. No existe cuando los niños no pueden aspirar a una buena educación o un empleo decente que mantenga a una familia. La falta de esperanza puede pudrir a una sociedad desde su interior”.
Si, como sostuvo Robert Dahl, quizá el politólogo más influyente del siglo XX, la democracia se justifica por los valores que realiza, los desafíos que el populismo impone a una idea contemporánea de democracia exigen ante todo la participación de una ciudadanía activa e interesada por el destino de su sociedad. En el “Barómetro de Confianza ciudadana en las instituciones” de Edelman, realizado en 2025, Colombia permanece con un 49% entre los países con mayor desconfianza hacia las instituciones públicas y privadas. Si bien los escándalos de corrupción política y la mala administración de lo público hacen que entre la ciudadanía se genere antipatía y reticencia por lo público, antes bien, los valores de la democracia, de aquello que la hace la mejor forma de gobierno con la que contamos, demanden una democracia fuerte. Y este tipo de democracia no depende de grandes líderes sino de ciudadanos competentes y responsables que participen activamente en el autogobierno, como argumenta Benjamin Barber en su libro Strong Democracy.
