A pesar de que el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (EPTV) ha regularizado a más de dos millones de personas desde su creación en 2021, el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo formal sigue siendo limitado para una parte significativa de esta población. Así lo indica el informe “Fronteras de Papel”, elaborado por el Servicio Jesuita de Refugiados Colombia (JRS).

El informe revela que el 51 % de los migrantes tiene dificultades para acceder a empleo formal, mientras que el 26 % reporta barreras para recibir atención médica y el 23 % enfrenta problemas para garantizar el acceso y permanencia de sus hijos en el sistema educativo. Además, las mujeres migrantes, particularmente entre los 21 y 45 años, enfrentan mayores obstáculos debido a las responsabilidades de cuidado, limitando sus oportunidades de empleo y acceso a servicios básicos.

“Un entorno inclusivo no solo favorece a los migrantes, sino que fortalece la cohesión social y económica de Colombia”,

destacó el padre Juan Enrique Casas, director del JRS.

Aunque la educación es el derecho más accesible para los migrantes, las barreras económicas y administrativas, como la exigencia del Permiso por Protección Temporal (PPT) en físico, dificultan la inclusión de niños y niñas en las instituciones educativas. Sin embargo, el acceso a este derecho fomenta la regularización migratoria de menores, lo que evidencia un incentivo clave para superar brechas.

Un llamado a la inclusión integral

El JRS enfatiza que la falta de reconocimiento del PPT como documento válido por parte de entidades financieras y comerciales impide el acceso a productos bancarios y créditos, limitando el desarrollo económico de esta población. La organización invita a las autoridades colombianas, la sociedad civil y los organismos internacionales a trabajar de manera coordinada para garantizar la protección de derechos, sensibilizar a los empleadores sobre la validez del PPT y erradicar la discriminación estructural.