La democracia participativa es uno de los grandes logros de la Constitución del 91. ¡Un aplauso a las veedurías ciudadanas!

Para los medellinenses, la detención domiciliaria de la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por presuntas irregularidades en dos contratos de los programas de alimentación escolar y Buen Comienzo, es la confirmación del momento doloroso que está viviendo la ciudad.

No es, por supuesto, un motivo de celebración, pero sí nos permite valorar la existencia de una ciudadanía alerta y activa. Una ciudadanía que cuestiona, investiga y accede a los mecanismos legales y constitucionales para hacerse oír y cuidar lo que nos pertenece a todos. En este caso tan vergonzoso, la fiscalía recogió las denuncias de la prensa regional, de algunos concejales y, sobre todo, de la veeduría ciudadana Todos por Medellín.

Lo público es de todos es el lema de esta asociación sin ánimo de lucro que nació en agosto de 2020, en una juntura de organizaciones y personas naturales, con el fin de “promover la participación ciudadana, cuidar el patrimonio público y generar conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público del municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.

La conformación de las veedurías ciudadanas en nuestro país no solo es legal, sino que es deseable y necesaria.

Ese es su objetivo, y lo están cumpliendo, amparados e inspirados en uno de los más importantes logros de la Constitución de 1991: la creación de herramientas para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y obligaciones, e intervenir de manera activa en la gestión pública. Un cambio fundamental en Colombia, que pasó de ser una democracia representativa a una democracia participativa, es decir, que incluye a la población en los asuntos del Estado. Lo dice el artículo 270 de la Carta Magna: “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.

Los continuos cuestionamientos del alcalde Daniel Quintero a la veeduría ciudadana Todos por Medellín no deben pasar desapercibidos, porque refleja el talante de un mandatario que sataniza la vigilancia y el cuestionamiento de la ciudadanía. Nos corresponde recordarle al mandatario local que la conformación de las veedurías ciudadanas en nuestro país no solo es legal, sino que es deseable y necesaria.

Debemos celebrar que en Todos por Medellín se hayan unido 50 entidades y personas naturales para defender lo que nos pertenece a todos. Allí confluyen líderes diversos con asociaciones tan disímiles como Proantioquia, la Cámara de Comercio, la SAI, Augura, la CGT, el Consejo Intergremial, La Lonja y Acopi, entre otras; y con organizaciones sin ánimo de lucro como Confiar, la fundación Mi Sangre, la Casa de las Estrategias, Corporación Región, Picacho con Futuro, la Federación Antioqueña de ONG, la Sociedad de Mejoras Públicas… ¿Que quiénes son? Nada más y nada menos que las entidades y personas que han aportado durante tantos años a nuestra ciudad, y que, juntas, la han sacado adelante en las épocas más difíciles.

En el momento que está viviendo Medellín, el manifiesto de la veeduría ciudadana debe ser nuestra causa común: “En Todos por Medellín reconocemos que la ciudad no puede perder lo avanzado, debe recoger lo mejor de su pasado, construir sobre lo construido, aprender sus lecciones y continuar avanzando con su proyecto de desarrollo. Medellín es de todos y todas”.