El miércoles 11 de febrero a las 6 pm, con una masiva asistencia, se realizó una reunión entre los integrantes de Comité de Valorización de El Poblado (CVP) y la comunidad, donde la organización cívica puso en común sus avances en contra del cobro del derrame por Valorización, e informó a la gente sobre los pasos a seguir para controvertir el pago.

Gloria Gaviria, integrante del comité, aseguró que “si no hay beneficios no se puede hacer el cobro, y el estudio muestra que no hay beneficios”. Acto seguido, con el traslado de pruebas que envío el Fonvalmed, explicó de dónde provinieron las cifras, y los contradicciones que hay, según los miembros del Comité de Valorización de El Poblado.

Explicó que el argumento principal contra el derrame son las inconsistencias que hubo en la notificación, y que el paso a seguir para los habitantes es enviar dos cartas: una explicando que hubo una violación del debido proceso y otra que detalle, técnicamente, la falta de rigurosidad en el estudio. Para ambas, el CVP está construyendo un modelo estándar.

Gaviria explicó que el CVP no está atacando elementos particulares, sino al cobro en general. “Tenemos que defendernos ante un proceso que nos está llevando por delante”, comentó, y aseguró que el Proyecto de Valorización El Poblado está violando el artículo 7 del acuerdo 58 de 2008 (Estatuto de la Contribución de Valorización y creación de la Subsecretaría de Valorización), y que dice: “Se denomina Beneficio el mayor valor económico que adquieren o han de adquirir los predios y/o inmuebles por la ejecución de una obra o conjunto de obras de Interés público”.

Posteriormente, Gustavo Yarce, uno de los abogados del CVP manifestó: “Buscamos generar un efecto mediático y político. Y lo logramos”. Cuestionó, nuevamente, los métodos de notificación del derrame de Valorización y contó que el paso siguiente es la interposición de una Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que debe ser presentada por un abogado. Dijo, también, que el CVP hará la gestión para que esta acción legal pueda ser presentada en grupos.

Así mismo, destacó que ya se han interpuesto alrededor de 1.300 tutelas, y que este hecho facilita la revisión de la Corte Suprema de Justicia, para sentar una jurisprudencia que debe ser acatada por todos los jueces.

“Se presentan entre 4 y 5 tutelas diarias, con 10 días hábiles para resolverlas, así que “los jueces se van por la más fácil”, dijo Yarce, quien finalmente expresó que el objetivo es regar las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, para suspender el cobro como medida cautelar y, finalmente, buscar que se realice nuevamente la notificación.