Este viernes, 21 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación ratificó, en segunda instancia, la suspensión de seis meses e inhabilidad para ejercer cargos públicos contra Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial.

La sanción está relacionada con la publicación del video conocido como “el cambio en primera”, que él publicó mientras ejercía como mandatario de la capital antioqueña. El ente de control consideró que con su mensaje apoyó, de manera explícita, al entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, en mayo de 2022.

La medida contempla suspensión e inhabilidad por seis meses para ejercer cargos públicos y participar en política, al igual que una multa económica, así como se había establecido en primera instancia.

Al no estar ya en el cargo, el exalcalde deberá pagar una multa cercana a los $100 millones, sin perjuicio de la inhabilidad especial, que no le permite ocupar ningún cargo público durante el período de tiempo referido. 

“La Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era alcalde por el ‘Cambio en primera’ al considerar que fue participación en política”, dijo el exmandatario en sus redes sociales, donde anunció que apelará la medida ante el Consejo de Estado.

También hoy se inició formalmente la etapa de juicio contra del exalcalde y doce personas más, incluidos nueve funcionarios de su administración, por el caso de Aguas Vivas.

Se trata de un terreno ubicado entre El Poblado y Las Palmas que fue cedido al Municipio en 2019 de manera gratuita; pero durante su administración, Quintero Calle habría buscado monetizarlo de manera irregular.

“Esta decisión obedece a una acción judicial que interpuse desde la alcaldía frente a este caso. Hay que recordar que el caso de Aguas Vivas es solo uno de los 650 hallazgos que le entregamos a los entes de control”, señaló en sus redes sociales Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en este caso, particulares intentaron reclamar más de $53.000 millones al Distrito por un lote que es propiedad de la alcaldía; igualmente, y según en ente investigador hubo influencias en favor de intereses privados desde cargos públicos.

El proceso incluye investigaciones por posible peculado y participación indebida en contratos, respaldadas con más de 3.900 pruebas documentales, entre correos, informes técnicos, inspecciones judiciales y evidencias fotográficas. 

Asimismo, este viernes, inició el juicio en contra del exalcalde de Medellín por haber modificado, mediante decreto, el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- sin haber considerado al Concejo de Medellín. En este acto, de acuerdo con la normatividad colombiana, se constituye el delito de prevaricato.