El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien se encuentra separado del cargo desde el 5 de junio, cuando recibió la notificación de una medida de aseguramiento en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación, halló en la Procuraduría General de la Nación un respaldo con el que espera recuperar su libertad y su puesto.
El martes 30 de junio, en una carta firmada por Martha Luz Reyes, procuradora segunda delegada para la Investigación y juzgamiento Penal, el ente del Ministerio Público le solicitó a la Fiscalía que revoque la medida.
La funcionaria basó su petición en que “para la aplicación de las medidas de aseguramiento, especialmente de la detención preventiva, no basta con que se cumplan los requisitos legales; adicional (…), los fiscales deben realizar un análisis de proporcionalidad a fin de determinar si es procedente la restricción de libertad del procesado”.
En su concepto, la medida de aseguramiento no se ajustó a los parámetros y se acreditó el fin que con ella se pretendía.
“La Fiscalía no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba; igual tampoco adujo las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las ‘víctimas'”, se lee en la carta.
¿Por qué actuó la Fiscalía?
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, fue vinculado a una investigación por irregularidades de contratación en su anterior periodo en el mismo cargo, entre 2004 y 2007.
“El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia“, reseñó la Fiscalía.
La Fiscalía notificó la medida de aseguramiento contra Gaviria el 5 de junio de este año, y tiene dos meses para que presente pruebas que demuestren la responsabilidad por la cual vinculó al gobernador en este caso.
