/ Juan Carlos Vélez Uribe
Definitivamente la frase “hecha la ley, hecha la trampa” se ha convertido en un actuar corriente entre algunos colombianos, lo que conduce a que sea usual buscarle el quite a las normas con el fin de lograr réditos económicos en diversos negocios. En este caso me quiero referir a las trampas que se vienen cometiendo en la ciudad con los proyectos VIP, entendidos estos como Vivienda de Interés Prioritario.
Es increíble que hoy en día se encuentren en manos de la Fiscalía General de la Nación cuarenta procesos por violaciones a las normas que regulan la construcción de las VIP, muchos de estos en El Poblado. Y se dice que podrían conocerse en los próximos días más casos de esta índole.
La trampa consiste en conseguir la aprobación de este tipo de proyectos para sectores de estratos altos de la ciudad, logrando los beneficios que estos podrían obtener según las normas que los regulan. Apartamentos de estratos 5 y 6 con áreas de hasta 100 metros cuadrados para el caso de las comunas 14 (El Poblado) y la 11 (Laureles) deberían tener, de acuerdo con la ley, un valor de apenas 70 SMLV, o sea $39.669.000.
La trampa estaría entonces en que para llegar al valor de 250 millones de pesos que cuesta de verdad ese apartamento, le cobran al cliente la diferencia entre los acabados, los parqueaderos y hasta el cuarto útil, por el cual se pueden pagar para este efecto hasta 50 millones de pesos.
¿Dónde está entonces el beneficio para el constructor? Pues en que las normas urbanísticas son más flexibles; por ejemplo, no tienen que cumplir con los mínimos de parqueaderos que se exigen, que sería uno por apartamento. Los parqueaderos de visitantes serían en las calles aledañas y no dentro de la unidad. Las zonas comunes son de menor exigencia que para un edificio de estrato alto y el costo de los materiales de construcción tendría un tratamiento tributario especial, como el no tener la obligación de pagar IVA para algunos de ellos y un descuento del 50 por ciento en los costos de curaduría, entre otros.
Este tipo de evasión a las normas debe tener un control bastante efectivo. Sin embargo, sigo sin entender por qué si no hubiese sido por las valientes denuncias que ha venido haciendo el edil de la comuna 11, Carlos Ríos, la Administración Municipal, a través del Departamento de Planeación, no hubiese comenzado a asumir su responsabilidad de ejercer un verdadero control sobre las construcciones de la ciudad.
Además queda en evidencia que esta dependencia municipal carece de la debida vigilancia que le debe realizar a las curadurías de la ciudad, entre las cuales, dos de las cuatro que hay en Medellín, parece que hicieran parte de este escándalo de corrupción.
El desordenado crecimiento urbanístico que se presenta en algunos sectores de la ciudad, se debe entonces a ese nefasto contubernio que a veces se da entre algunos constructores que se las dan de vivos y las autoridades, entendidas estas como el propio municipio o algunos curadores. ¡Cuarenta proyectos denunciados y en proceso de ser suspendidos es una cifra escandalosa!
[email protected]
