En Colombia, la tasa de usura es el límite máximo que pueden cobrar los bancos y otras entidades financieras por prestar dinero. Funciona, básicamente, como un control de precios en el mercado de crédito y, aunque busca proteger a los usuarios, también presenta varios problemas. Al poner un tope en los intereses, se reduce la cantidad de personas que pueden acceder a créditos, especialmente quienes tienen un perfil de riesgo más alto. En otras palabras, al limitar lo que pueden cobrar los bancos, se hace menos atractivo prestar dinero, y las entidades prefieren no arriesgarse con clientes que consideran “peligrosos”.
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Recientemente, el gobierno realizó cambios en la forma de calcular la tasa de usura, lo que provocó que esta bajara casi 5,6 puntos porcentuales para los créditos de consumo. Esto, lejos de incentivar el crédito, ha tenido el efecto contrario: limita la cantidad de créditos que pueden otorgarse. De hecho, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), cuando la tasa de usura baja un punto porcentual, el crecimiento de los créditos de consumo cae entre 0,26 y 1,1 puntos porcentuales. Es decir, menos personas logran obtener un crédito cuando la tasa de usura baja de forma brusca. Esto es especialmente problemático para aquellos con menor estabilidad financiera o historial de crédito.
Para entender la magnitud del impacto, ANIF estima que, sin estos cambios en el cálculo, los créditos de consumo habrían crecido entre 1,5 y 6,1 puntos porcentuales más. Aunque la tasa de usura intenta proteger a los consumidores, reducirla de manera tan acelerada ha terminado excluyendo a muchos del sistema financiero formal. Estas personas, al no poder acceder a créditos en bancos, optan por prestamistas informales, como el “gota a gota”, con los que los intereses pueden alcanzar hasta un 20 % diario o un 7.000 % anual. Entonces, aunque la intención es buena, el efecto es que muchos terminan pagando mucho más en el mercado informal.
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¿Protección al consumidor o limitación al crédito?
Hay opiniones divididas sobre si la tasa de usura realmente ayuda o no. Por un lado, sus defensores dicen que es una herramienta necesaria para proteger a los consumidores, en especial a aquellos de bajos ingresos o de zonas rurales, que tienen pocas opciones financieras y pueden ser víctimas de abusos con tasas muy altas. Para ellos, la tasa de usura es un escudo que asegura que los bancos no cobren intereses excesivos y protege el bolsillo de los más vulnerables.
Por otro lado, los críticos argumentan que esta tasa, en lugar de ayudar, crea más problemas. Dicen que limitar los intereses reduce el acceso al crédito porque los bancos prefieren prestar a personas de bajo riesgo. Esto deja fuera del sistema a quienes no tienen historial crediticio o son vistos como “más riesgosos”. Estos consumidores, sin acceso al sistema formal, nunca podrán construir una historia crediticia que les permita acceder a mejores condiciones. Además, los bancos y entidades financieras no siempre pueden cubrir los costos de análisis y seguimiento de cada préstamo cuando las tasas están limitadas, lo cual frena su expansión.
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El camino hacia una inclusión financiera real
Si queremos un sistema financiero más inclusivo y accesible para todos, necesitamos promover la competencia y la innovación en los productos financieros, y educar a los consumidores. La tasa de usura, aunque busca evitar abusos, se convierte en un obstáculo cuando no se ajusta a los perfiles de riesgo o a los costos reales de otorgar crédito en diferentes regiones del país. Si la tasa es demasiado baja, el crédito formal simplemente no llega a muchas personas que lo necesitan, y estas terminan en manos de prestamistas informales que les cobran intereses altísimos.
En resumen, la tasa de usura es una medida que, aunque nace con buenas intenciones, puede limitar el acceso al crédito y empujar a muchas personas hacia opciones más caras y peligrosas. Para mejorar esta situación, sería ideal revisar el cálculo de esta tasa, asegurándonos de que el límite permita una oferta de crédito amplia y accesible para todos, sobre todo para quienes más lo necesitan. Así, podríamos avanzar hacia un sistema financiero justo, que apoye realmente a los colombianos.
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