El informe de Human Rights Watch publicado la semana pasada, que concluyó que Colombia está viviendo su peor crisis humanitaria en los últimos 10 años, debe plantearnos un interrogante que es menos “llamativo” que hacer predicciones sobre la configuración del próximo Congreso o el resultado de las elecciones presidenciales:
¿Cuál es el futuro de la educación en un país tan violento?
Según los datos del informe, en Colombia hay más de 137.000 personas confinadas en sus comunidades por amenazas, combates y control de grupos armados ilegales, además de decenas de miles de desplazados por la expansión territorial del ELN y las disidencias de las FARC, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde cerca de 65.000 personas abandonaron sus hogares enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el 2025. A esto se suma un aumento del 145 % en las víctimas por ataques con explosivos y el impacto directo sobre la infancia: la Defensoría del Pueblo reportó que solo en 2025 al menos 257 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales, mientras Save the Children advierte que Colombia hoy es el sexto país del mundo con mayor reclutamiento infantil. HRW concluye que la violencia contra civiles se profundizó, el control social de los grupos armados se extendió y el Estado fue incapaz de proteger a la población.
Ante este dantesco panorama pensar en educación parece un lujo o un sueño imposible cuando la vida está en riesgo en todo el territorio nacional y los niños y jóvenes están tan expuestos a la posibilidad de ser reclutados por grupos criminales.
¿Qué sentido tiene pensar en promover la innovación, el pensamiento crítico o la digitalización en las escuelas, colegios y universidades pierde importancia cuando el estudio es una condición de privilegio y no un derecho al que pueden acceder los colombianos?
Un reporte de la JEP de noviembre de 2025 situó a Colombia como el cuarto país del mundo con más ataques a la educación. Entre 2017 y 2025 se registraron 913 ataques directos contra escuelas y además, en 2025, Unicef reportó que cada tres días una escuela queda en medio del fuego cruzado o es usada militarmente. Todo lo anterios sin contar con que actualmente en Colombia hay cerca de 856,000 estudiantes en zonas de alerta armada.
¿Cuál es la promesa de valor del sistema educativo para estos niños y jóvenes para quienes ir al colegio, cuando tienen el privilegio, representa un riesgo?
Desde las universidades pensamos mucho en incentivar el pensamiento creativo, la crítica, la sostenibilidad, la educación financiera y el uso a conciencia de la inteligencia artificial, pero cuál es nuesta proyección en un país donde millones de jóvenes no saben si llegarán con vida al bachillerato o, incluso, que pensar en graduarse y pasar a la universidad suena fantasioso.
El fracaso mayúsculo de la política de paz total del Gobierno Nacional y su desatención en la seguridad territorial nos devolvió a la peor época del conflicto armado en Colombia. La realidad de muchos jóvenes en el país pasó de vivir a sobrevivir y en ese ese escenario la educación se volvió, tristemente, prescindible.
Qué bueno sería que en lugar de los anuncios politiqueros de una universidad en el Catatumbo que atendería a 1.500 estudiantes, el gobierno y el país pensarán primero en los 1.492 jóvenes víctimas de reclutamiento forzoso entre 2022 y el 2025.
