/ Juan Carlos Vélez Uribe
En estos días me preguntaban sí yo estaba de acuerdo o no con un proceso de negociación con la guerrilla que condujera a consolidar la paz en el país. Mi respuesta fue clara y contundente: estoy de acuerdo con la paz, pero no a cualquier precio.
Ello significa que aún no hemos podido convencernos acerca de la voluntad de paz de las Farc y tampoco del conocimiento que pueda tener el gobierno de hacer una buena negociación, ya que, por una parte, la guerrilla continúa ejerciendo actividades criminales como la extorsión, el secuestro (así lo nieguen; no olvidar las cuatro “chivas” secuestradas en el Caquetá), el narcotráfico y la explotación ilegal de oro, etcétera. Y, por otra parte, al presidente Santos se le olvidó que en su discurso de posesión había hablado de unos temas “inamovibles” para poder iniciar negociaciones de paz, y estos eran que la guerrilla debería abandonar el secuestro, el narcotráfico, el reclutamiento de menores y la colocación de minas antipersona, y lamentablemente las Farc no han cesado esas prácticas.
Creo igualmente que en las negociaciones de paz habrá que discutir cuál será la pena a imponer a los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad, en cuanto a que el Tratado de Roma que rige en Colombia desde el 2009 así lo exige, mientras que los comandantes de las Farc reclaman que no pueden ser condenados a pena privativa de la libertad y ser obligados a cumplirla.
Otra de nuestras preocupaciones es que estos responsables de la comisión de delitos atroces puedan acceder a cargos de elección popular, cuando la Constitución prohíbe que cualquier persona que en algún momento hubiese sido condenada por la comisión de algún delito, sea elegida para estos cargos.
También me preocupan algunos temas que se llevan a la mesa de negociaciones, como la ley de desarrollo rural -la cual podría plantear límites al capital privado en el campo-, la negociación de los TLC, la participación de guerrilleros en la Fuerza Pública, el cercenamiento del fuero militar y el perdón que exigen las víctimas, entre otras.
Estos, entre otros, son temas a los cuales les venimos haciendo un seguimiento, una veeduría, y seguramente algunos de ellos se resolverán en una mesa de negociación, en una ley o en una asamblea constituyente.
Es claro que para Colombia es muy importante lograr la desmovilización de ocho mil guerrilleros, pero ello no puede ser a costa de la dignidad de los colombianos y del futuro de nuestra nación.
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