Con una inversión de 120 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín, a través de la Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) y la Fiscalía General de la Nación, implementó la plataforma digital Seguridad en Línea. En ella los ciudadanos podrán denunciar los delitos que hoy más saturan a la Fiscalía: hurtos, inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar.

A través de www.seguridadenlinea.com o descargando el aplicativo Seguridad en Línea para celulares Android, iPhone y Blackberry, la Fiscalía espera aumentar el número de denuncias recibidas por estos delitos, que hoy asciende a 500 por día, y así agilizar y acercar el proceso a los ciudadanos. Así mismo, espera alivianar el trabajo de sus empleados para dedicarlos a la investigación y descongestionar el sistema para procesar otros delitos.

Las personas, además de contar con la denuncia verbal en la Fiscalía, como ya se tenía, ahora podrán adelantar la diligencia por escrito en las inspecciones, comisarías y casas de justicia de la ciudad. En la plataforma digital las denuncias se pueden hacer de forma anónima (sin trámites judiciales) o a título personal, y se podrán adjuntar documentos escaneados, fotografías y otras pruebas de la denuncia.

Una vez el ciudadano interponga la denuncia a través de esta herramienta, la Fiscalía asume el proceso que dicta la ley. Las personas podrán obtener copia de la denuncia para otros trámites de seguros y reclamaciones y esta puede ser enviada por correo electrónico o a una dirección física. Denunciar falsamente tendrá consecuencias penales.

El alcalde Aníbal Gaviria dijo que una mayor información recibida sobre estos delitos permitiría tomar mejores y más oportunas decisiones para la seguridad de la ciudad y dejó claro que después de evaluar el funcionamiento de la plataforma se estudiará la posibilidad de incluir otro tipo de denuncias. Delitos como el homicidio, las lesiones personales y los delitos sexuales tienen trámites legales que requieren la intervención de otras instituciones en el proceso penal, lo que dificulta por el momento su inclusión en la nueva herramienta.