/ José Gabriel Baena
Dos cosas. Una: con la instalación de los cuatro puentes militares para cruzar esa alcantarilla que denominan Río Medellín, el alcalde Aníbal ha convertido a la ciudad más innovadora del universo como en un pueblo del tercero y último de los mundos que estuviera en guerra: y en efecto estamos en guerra, la declarada por el alcalde contra su propio pueblo con el pretexto infame de los “parques del río”, que destruirá la red vial central construida por los medellinenses a lo largo de medio siglo. Esos cuatro puentes militares son una vergüenza planetaria, y mientras tanto el alcalde anuncia que Medellín será la sede del Foro Económico Mundial 2016. Qué cinismo. Recordemos un escolio de Gómez Dávila: “El número de soluciones atrevidas que un político propone crece con la estupidez de los oyentes”.
La otra: en El Colombiano del 6 de mayo leí con pánico creciente un informe sobre los “avances” del llamado Túnel de Oriente. La obra, que tendrá una extensión de 8.2 kilómetros y costará con plata de hoy 833 mil millones, va sólo en un 2.2%, y se anuncia que se entregará en 2018. Pero, ojo: la Contraloría General de la Nación envió el 15 de abril el último de varios informes que ha realizado sobre el Túnel, donde subraya una vez más “los reparos ambientales por las afectaciones que, considera, sufrirán las fuentes hídricas de la zona… Según los parámetros de diseño planteados, presenta un riesgo alto sobre el componente hídrico e hidrológico del área de influencia”. La Contraloría ya había presentado un informe de alerta en 2012, por las irregularidades encontradas en el otorgamiento de la licencia ambiental por parte de Cornare, y otro más en junio 19 de 2014 por “el riesgo a que están expuestos los recursos hídricos a lo largo de la construcción de los túneles Seminario y Santa Elena”. La Veeduría del túnel nos hace entrar en más furia cuando nos avisa que el concepto del 15 de abril reúne nada menos que –sumando conceptos anteriores– “31 puntos de mucha envergadura, incluso con copias para la apertura de procesos disciplinarios remitidos a la Procuraduría a los que hasta ahora no ha dado ninguna respuesta”. Alguien en Bogotá debe de estar haciendo lo suyo para que nada suceda, y la Gobernación se hace la de la vista gorda. La plata que se mueve es tanta. Por las obras complementarias, que involucran a Medellín, los ciudadanos de los estratos 5 y 6 pagaremos 145 mil millones por “valorización”. Un dato cruelmente risible del concepto del 15 de abril es el que dice que el diseño o planteamiento para el vertimiento de los residuos de la obra es idéntico al del fantasmagórico “Túnel de la Línea”, ese otro proyecto –ya sancionado– de cuya fatal suerte no volvimos a saber nada. Lo que no nos mueve a risa para nada es que en 2018, cuando se entregue la obra, tendremos que importar el agua quién sabe de dónde diablos, porque “se afectarán cuencas como las de las quebradas Santa Elena, La Honda y La Yarumala, verdaderas despensas de agua que surten acueductos (sic) de Medellín, Guarne y Rionegro”. A la Secretaría de Infraestructura esto le importa un bledo y en su informe del 6 de abril a la Asamblea sólo presumió de los “avances”. ¿En manos de quién estamos? (P.S: cerrando nota se informa que la firma española OHL que construye Parques del Río está siendo investigada en México porque elevó el costo de una obra vial de 261 millones de dólares, a 653. ¡Gravísimo! ¡Cuidado con ese lobo!).
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