En Vivir en El Poblado sabemos de la desesperación que embarga a varios de nuestros lectores, aquejados por el ruido, ese enemigo invisible que impide el disfrute de lo cotidiano y hogareño. Nos comparten, cada semana, quejas al respecto.
Dentro de las recientes, hay una sobre el tránsito “de chivas discotecas/bares”, por Castropol, que pasan con su bullicio a altas horas de la noche. Ni qué decir de alguna ruidosa construcción, desde las 4:00 am, por tareas de descargue.
Otra habla de oficinas, en zona residencial de la Inferior, que volvieron costumbre celebrar cualquier evento interno con estridencia. Inclusive, una entidad pública como Telemedellín es foco de discordia, por lo mismo, para vecinos de Villa Carlota.
En adelante, ese canal prometió informar su programación artística “para que puedan tomar previsiones y minimizar inconvenientes”, al igual que revisar “volumen y duración de los eventos, buscando siempre equilibrio entre el disfrute cultural de los asistentes y el respeto por el descanso y calidad de vida”.
54 % de los medellinenses está insatisfecho con los niveles de ruido, según Medellín Cómo Vamos 2024.
En cada caso, mitigar molestias depende hoy de la buena voluntad del generador de ruido. Si ésta no se da, no hay solución efectiva para el ciudadano, que dice sentirse ignorado por las autoridades. Carlos Ortiz, vecino de El Poblado, propuso “buscar más dolientes para que, mediante sinergias, hagamos algo por nuestro medio ambiente, que cada vez está peor”.
Para no depender de actitudes, se vienen fraguando dos normativas. El proyecto de ley contra el ruido, del representante Daniel Carvalho, fue radicado el 31 de octubre para el cuarto y último debate en el Senado. De acuerdo con su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo), “está en cola para ser agendado; esperamos que se apruebe antes del 16 de diciembre, final de sesiones ordinarias”.
En el ámbito distrital, conocimos que la secretaría de Gestión y Control Territorial estaría anunciando, en algún momento de las próximas tres semanas, la esperada reglamentación de los PAU (Protocolos Ambientales y Urbanísticos), ordenada desde 2014 por decreto, y que es vital para saber cómo deben tramitarse las PQR (preguntas, quejas, recomendaciones) por ruido, entre otros temas y competencias, dependiendo de la actividad económica.
