Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por el asesinato del periodista y líder de opinión Jaime Hernando Garzón Forero, por la violación de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión de la víctima.

“El Estado lamenta profundamente los hechos que resultaron en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país, lo que constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto”, indicó en un boletín la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) que representó al país ante el organismo multilateral.

Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999 mientras se dirigía en su automóvil hacia su lugar de trabajo y, de acuerdo con el avance de las investigaciones, “se ha permitido establecer que el plan criminal fue ejecutado con la aquiescencia de agentes del Estado”, señala la presentación de observaciones adicionales sobre el fondo del caso presentada ante la CIDH por parte de los representantes de la familia de la víctima.

El Estado espera que con este reconocimiento –que incluye vulneraciones y dilaciones en el proceso penal que han afectado los derechos de los familiares del señor Garzón, en particular los derechos a la integridad personal y a la verdad– se contribuya a la reparación integral de las víctimas y a la recuperación de su confianza en la institucionalidad.

Durante la exposición del caso, rotulado con el número 15.015 en el Sistema Interamericano de Justicia, se manifestó que: “se trata del homicidio de un líder representativo para la sociedad colombiana que, a través del periodismo y el humor, denunciaba a los distintos actores involucrados en las dinámicas de violencia y corrupción que atravesaba el Estado en ese momento”.