Tres de los temas tratados en esta edición, todos generadores de polémica, tienen un ingrediente en común: tocan el bolsillo de los ciudadanos. Nos referimos a las cámaras de fotomultas, el impuesto predial y la Valorización.

El desarrollo de nuestras sociedades se sustenta en los impuestos. Con dineros como los de Valorización e impuesto predial, entre otros, se hace inversión social, se construyen obras públicas, entre ellas los proyectos viales, etcétera. Para eso son.
En cuanto a las fotomultas, la secretaría de Movilidad asegura que han ayudado a reducir la accidentalidad. Ojalá sea así.

Por eso no hay que perder el norte de la discusión: el punto no es pagar o no pagar, cobrar o no cobrar, sino hacerlo de manera adecuada y oportuna, sin atropellar a los ciudadanos con improvisaciones, equivocaciones de facturación, y errores del tipo “pague primero y reclame después”, tan comunes y tan odiosos. No hay que olvidar que los márgenes de error, en los que tantos se justifican, constituyen cifras aparentemente bajas en la frialdad de la estadística, pero muy altas si tenemos en cuenta que tras esos casos no hay números sino seres de carne y hueso, familias enteras afectadas por “pequeñas” inconsistencias.

Sin embargo, no equivocarse no es suficiente.
La gente desprecia las improvisaciones de los gobernantes y entes gubernamentales. Estas despiertan desconfianza en la capacidad de administrar recursos, suspicacias que infortunadamente no son de tipo coyuntural sino de efecto acumulativo. En otras palabras, se alimenta una falta de fe crónica en la gestión pública, caldo de cultivo para futuros rechazos a todo lo que suene a impuesto. Los ciudadanos quieren saber a dónde van a parar sus impuestos y demandan un verdadero seguimiento a las obras en las que se invierten. Quieren ver sus aportes materializados en algo muy concreto, y tener la certeza de que el monto invertido sí corresponde a lo recolectado.

Pero, además, el ciudadano no solo espera que se inviertan bien sus aportes fiscales, sino que el Estado, en este caso el Municipio, le haga realmente cobros justos y legales, y le ofrezca alternativas de pago que no lo aprieten sin misericordia y arbitrariamente.

Por fortuna, el Municipio parece ahora estar consciente de esto y, tal y como lo informamos en esta edición, el Consejo Municipal de Valorización, máxima autoridad en esta materia, analiza hoy nuevas alternativas en los cobros de Valorización para que, entre esta y el pago del impuesto predial, no ahoguen a los propietarios de El Poblado.