La tragedia que aún enluta al país y que, según los reportes más recientes al momento de escribir esta columna, deja más de 330 personas fallecidas, 4.600 heridas y al menos 247 desaparecidas, pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué tan preparados estamos en Medellín para enfrentar los eventos naturales que inevitablemente volverán a ocurrir?
En esta oportunidad, el Eje Cafetero y zonas del Valle del Cauca y Chocó fueron las más afectadas. Se habla de cerca de 400 municipios con registro de daños y de un plan de recuperación que podría costar aproximadamente 30 billones de pesos, recursos que no poseemos y que difícilmente podrán llegar completos mediante donaciones locales o internacionales.
Las miradas más avezadas en gestión del riesgo ponen en duda la idea de hablar simplemente de desastres naturales y nos invitan a comprender que muchas de estas tragedias son también el resultado de acumulaciones de decisiones, omisiones e inequidades que se enquistan en los territorios. Un fenómeno natural puede ser inevitable, pero que se convierta en una tragedia de grandes proporciones no lo es necesariamente. El desastre surge de la interacción entre la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de las personas y los territorios.
No es casualidad que existan altas correlaciones entre vulnerabilidad frente a eventos naturales y pobreza. Los desastres no solo destruyen viviendas y vidas. También pueden profundizar los círculos de pobreza y comprometer durante años la capacidad de recuperación de las familias, las empresas y las propias finanzas públicas.
En Medellín ya hemos vivido tragedias de este tipo. Quizá la más recordada sea la de Villatina, donde un movimiento de masas ocurrido el 27 de septiembre de 1987 en el cerro Pan de Azúcar provocó la muerte de más de 500 personas y dejó alrededor de 200 desaparecidos. Más recientemente, en el municipio de Bello, la tragedia del barrio Granizal cobró la vida de más de 20 personas y dejó afectadas a más de 1.900.
El reconocimiento que Medellín cosechó en innovación urbana durante el período del urbanismo social, en las primeras décadas de este siglo, y que se sustenta en una historia de aportes de muchos hombres y mujeres a lo largo del siglo XX, nos ha hecho creer que hemos superado buena parte de nuestras brechas. No es así. Persisten deudas de planeación y ejecución urbana que debemos sanear y, para hacerlo, lo primero es reconocerlas con humildad.
Una de ellas es nuestra limitada capacidad para ejercer control territorial en las laderas. Allí, los grupos ilegales y las condiciones de pobreza han hecho que muchas familias encuentren su oportunidad de acceder a una vivienda propia mediante la ocupación ilegal de terrenos, muchos de ellos localizados en zonas de alta vulnerabilidad frente a eventos de riesgo. A esto se suma que buena parte de estas construcciones se desarrolla por fuera de los procedimientos de licencia y con escaso conocimiento de las normas sismorresistentes. En ciertas zonas, además, no existe una presencia institucional sistemática que permita hacer cumplir esas normas.
Pero la informalidad en las laderas no se resuelve únicamente controlando las laderas. También exige ofrecer alternativas viables de vivienda y urbanización en lugares donde la ciudad pueda crecer de manera segura. Reducir la vulnerabilidad implica mejorar las condiciones físicas y sociales de los territorios, pero también reducir la exposición, evitando que sigamos ubicando viviendas y actividades económicas en lugares donde una amenaza conocida puede convertirse en tragedia.
Otra deuda corresponde al avance deficiente en la implementación del modelo de ciudad. Tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial que incorpora conceptos adecuados como ciudad compacta, desarrollo urbanístico en el centro del río, cuidado de las laderas, recuperación de la vivienda en el centro de Medellín y centralidades barriales. Sin embargo, persiste una brecha entre esos postulados y su materialización, y con ella se retrasan las mejoras en calidad de vida que deberían representar para cada uno de nosotros y, por supuesto, los avances en resiliencia urbana.
Tenemos también múltiples instituciones públicas con objetos misionales redundantes o que, en la práctica, resultan inoperantes. El vaivén de los cambios electorales hace que muchas veces no existan políticas de largo plazo o que, cuando existen, dejen de aplicarse por las preferencias del gobernante de turno. Medellín y el Área Metropolitana merecen procesos de planeación ambiciosos, articulados y con visión de largo plazo, orientados a resultados de alto valor público en las condiciones de vida de las personas y organizaciones que ocupan su territorio.
Tenemos pocas capacidades para realizar intervenciones urbanas integrales. Somos capaces de hacer grandes obras, pero nos cuesta materializar los planes parciales. Una muestra de ello es lo ocurrido con el Nuevo Naranjal, una promesa de ciudad de más de 20 años que todavía no se cumple y donde muchas familias que creyeron en la propuesta pública hoy tienen en el limbo una parte importante de su patrimonio.
En este panorama también hay aciertos. Las inversiones en drenaje urbano son un paso adecuado en este propósito y haber retomado algunos de los objetivos del antiguo Instituto Mi Río también lo es. Que hablemos de planes de renaturalización es importante, pero esto no puede limitarse a arborizar discretamente algunos andenes y separadores viales. Invertir en la resiliencia de Medellín implica visión de largo plazo, ambición ciudadana, nuevos incentivos, instituciones capaces de planear y responder mejor y dirigir las inversiones hacia donde más las necesitamos.
También debemos entender que una ciudad no es la suma de sus obras. Es un sistema de sistemas. Movilidad, energía, agua, telecomunicaciones, salud, vivienda, abastecimiento de alimentos y materiales, seguridad y actividad económica están profundamente conectados. Una emergencia que afecte a uno de estos sistemas puede desencadenar consecuencias sobre muchos otros. Por eso, construir resiliencia exige identificar esas interdependencias y proteger las funciones esenciales de la ciudad.
Pero todo esto exige un reconocimiento previo. No somos una ciudad terminada. Ser referentes internacionales no puede impedirnos ver las problemáticas que todavía nos aquejan.
La resiliencia urbana no consiste únicamente en construir infraestructura para resistir una amenaza. Es la capacidad de una ciudad y de sus habitantes para anticiparse, resistir, absorber, recuperarse y adaptarse frente a las perturbaciones, aprendiendo de ellas para reducir su vulnerabilidad futura. No se trata simplemente de volver a ser como antes de una tragedia, sino de aprovechar cada crisis para construir una ciudad menos vulnerable que la anterior.
En nuestro caso, esto implica no solo construir nuevas obras, sino generar los incentivos correctos para que la ciudad crezca donde debe hacerlo, especialmente en su centro, y lo haga de la mejor forma. También implica mejorar los conocimientos y las capacidades para intervenir en nuestro territorio y que las construcciones, sobre todo las informales, cumplan con los códigos de sismo resistencia.
Pero nuestra tarea no se agota allí. Nuestros niños y niñas deben conocer qué hacer ante una situación de emergencia. Las administraciones de propiedad horizontal deberían incluir dentro de su planeación anual la capacitación de propietarios y residentes. Las juntas de acción comunal deberían contar con una ruta clara de prevención y asistencia. Nuestra ciudad debe tener planes para reforzar infraestructura crítica.
La resiliencia tampoco puede pensarse únicamente desde los límites de Medellín. Muchas de las infraestructuras, dinámicas económicas, ambientales y sociales que sostienen nuestra vida cotidiana tienen escala metropolitana. Una emergencia no reconoce límites municipales. Por eso, la resiliencia de Medellín depende también de la capacidad del Valle de Aburrá para planear, coordinar y actuar como un sistema. Para eso existe el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, institución que debe tener un papel mayor y protagónico en la construcción y alineación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios que la conforman.
Que esta costosa sacudida nos ayude a mejorar nuestra consciencia de ciudad y, con ella, la forma en la que construimos resiliencia para que vivir en Medellín, y de manera más amplia en el Valle de Aburrá, siga siendo un motivo de orgullo para todos y, sobre todo, sea más seguro para muchas más personas. Evitar hablar de un problema no hace que este desaparezca. Necesitamos planear, coordinar, aprender y ejecutar mejor.
