En tiempo récord, el Instituto Nacional de Medicina Legal logró la identificación de dos personas cuyos restos fueron recuperados por investigadores forenses de la Jurisdicción Especial Para la Paz JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD- en La Escombrera, comuna 13 de Medellín.
El tribunal señaló, que tras cumplir con todos los protocolos técnicos y científicos exigidos, se confirmó, de manera expedita, que los hallazgos corresponden a dos jóvenes reportados como desaparecidos en 2002 en la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de la capital antioqueña.
“Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 28, ambos provenientes de sectores populares de la ciudad, pertenecientes a una población vulnerable y con proyectos de vida. Ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia”, indica la JEP.
De acuerdo con denuncias de los familiares de la joven, ella salió de su casa el 30 de julio de 2002, a las 7:00 p. m., para asistir a una reunión y nunca regresó. Para la fecha, en su labor como coordinadora de un grupo juvenil deportivo estaba organizando algunas actividades competitivas.
“Esa noche, al parecer, miembros armados del Bloque Cacique Nutibara, que meses antes se habían instalado en San Cristóbal, irrumpieron en la reunión y se la llevaron”, revela la investigación.
El mismo día de su retención, aún en poder de sus captores, le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse. Esa fue la última vez que sus familiares tuvieron noticias de la joven.
Desde entonces, según la información consignada en los expedientes judiciales, la Fiscalía General de la Nación ha investigado el caso como una desaparición forzada atribuida a la estructura paramilitar liderada por Diego Fernando Murillo, conocido como alias “Don Berna”.
La evidencia recabada por la JEP, en el marco del trámite judicial, indica que el crimen ocurrió ocho días después de su desaparición. Al parecer, la joven habría sido trasladada viva por sus captores desde el corregimiento San Cristóbal hasta La Escombrera, donde funcionaba una base paramilitar. “Allí fue asesinada y enterrada”, concreta la JEP.
En el caso del joven de 28 años, la Fiscalía General de la Nación también asocia su crimen al Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidad de Colombia -AUC-, en posible colaboración con la estructura conocida como Frente José Luis Zuluaga, entonces liderada por Luis Eduardo Zuluaga, conocido como alias “Mc Giver”. Este grupo tuvo notoria presencia en la comuna 13, especialmente, entre 2001 y 2002.
De este segundo caso se sabe que la víctima estaba en condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable. Vivía en casa de sus padres y generaba algunos ingresos como vendedor ambulante.
Conforme al relato de sus familiares el 13 de octubre, a las 7:30 de la mañana, el hombre salió de su casa, ubicada en el barrio Belencito, y nunca más se volvió a saber sobre él.
La JEP explicó que por respeto a la solicitud expresa, la cual está asociada a motivos de seguridad de los afectados y reserva sumarial de la investigación criminal, los nombres de las dos víctimas identificadas no serán divulgados.
“Con todo, y por razones de transparencia, la JEP le asegura a la ciudadanía colombiana y a la comunidad internacional, que todas sus afirmaciones se sustentan en fuentes y documentos oficiales“, expresa el tribunal.
Dado que una de las víctimas era habitante de la zona rural de San Cristóbal, colindante con las comunas 7 y 6 de Medellín, la JEP advierte la posibilidad de que en La Escombrera también estén enterradas víctimas de desaparición forzada provenientes de esos territorios de la ciudad.
En tal sentido, el tribunal hace un llamado a los habitantes de estos sectores para que presenten las denuncias correspondientes y se acerquen a entregar muestras biológicas a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a la JEP y al Instituto Nacional de Medicina Legal.
