En este bien incautado al extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, se buscó por más de 15 años desintoxicar a cientos de jóvenes drogadictos de la ciudad. Sin embargo, la Fundación La Luz, que desde 1998 recibió este predio para el desarrollo de sus labores de rehabilitación, completó más de 700 millones de pesos en deudas en pago de impuestos por lo que la Sociedad de Activos Especiales, entidad que reemplazó a la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, la requirió.

Julián López, gerente de la regional occidente de la Sociedad de Activos Especiales, aseguró que aunque estaba lista la diligencia de desalojo para el 27 de mayo, “se acordó la entrega voluntaria sin necesidad del uso de la fuerza pública, teniendo en cuenta que en el lugar hay menores de edad y personas vulnerables”. La casa tendrá que estar desocupada el 27 de agosto. López aseguró que la devolución del bien no exonera a la Fundación del pago de la cuenta pendiente.

Actualmente en La Luz hay 80 personas en proceso de rehabilitación con el acompañamiento de psiquiatras, sicólogos, terapeutas, médicos y trabajadores sociales, según explica Gustavo Quijano, director de la Fundación, quien asegura que la IPS por el contrario apoya solventando buena parte de los costos de los jóvenes que no tienen dinero para su tratamiento.

Aunque las directivas de la Fundación La Luz aseguran que avanzan en buscar un nuevo espacio en el que puedan desarrollar sus labores, reconocen que ha sido una labor complicada, debido a “los requisitos y estándares establecidos por la Secretaría de Salud para este tipo de entidades”, afirma Quijano.

El representante legal de la Fundación La Luz, Julián Ríos, aseguró que una deuda de 700 millones de pesos es inmanejable para la entidad. Según Ríos, corresponde a un acumulado de 14 años del impuesto predial por el bien de San Lucas, pues a esa dirección, llegaba una factura que “asumimos correspondía al impuesto de El Poblado”, pero resultó de un lote donado a la Fundación en Santo Domingo Savio.

Mientras que Ríos asegura que “el Estado les quiere cerrar las puertas a los adictos”, López aclara que lo que el Estado está buscando es que los inmuebles sean productivos y se cumplan los compromisos adquiridos al momento de la entrega del bien, por lo que se avanza en los procesos legales que permitan una nueva comercialización de este inmueble, o por qué no, su venta.