Este domingo 21 de junio Colombia define quién será el nuevo presidente de la República. Quien resulte electo, se enfrentará a varios temas que son de interés prioritario para la ciudadanía: salud, seguridad, educación y empleo, entre los fundamentales, pero también asume las riendas de un país polarizado que habrá de elegir entre dos visiones políticas opuestas.
Ante estas tareas y buscando garantizar el respeto a la Constitución de 1991 y sus instituciones y al principio de legalidad, entre otros, la Fundación para el Estado de Derecho presentó la campaña #DelPresidenteElectoEspero.
Andrés Caro, director de la Fundación, explicó que se trata de sumar esfuerzos entre las organizaciones civiles y la ciudadanía para exigirle o pedirle al nuevo Jefe de Estado que asuma compromisos para proteger los principios constitucionales y democráticos del país.
¿De dónde nace la idea de esta campaña?
La Fundación trabaja para proteger el estado de derecho, las libertades individuales, la separación de poderes y la ciudadanía democrática a través de la defensa jurídica y de la difusión de nuestras ideas y principios.
En este momento muchas personas tienen miedo. Temor de lo que representan uno o los dos candidatos, miedo de lo que pueda ocurrir en los próximos cuatro años, y además llevamos un cuatrienio de un gobierno que ha vulnerado muchas de las normas de nuestra democracia liberal de manera sistemática.
De manera que con esta campaña que #DelPresidenteElectoEspero, lo que queremos es enviar unos mensajes exigiéndole o pidiéndole al presidente electo, sea quien sea, que respeten algunos de los principios fundamentales como país, que están representados o materializados en la Constitución de 1991.
¿Cuáles son algunos de esos principios?
Que el presidente diga la verdad; que proteja y respete la Constitución de 1991, sus instituciones y sus derechos; que respete la separación de poderes y que no amenace ni amedrente a las demás instituciones; que no acepte ni minimice la corrupción, que no sea corrupto, y por supuesto, que acepte los procedimientos electorales, no solo este domingo, sino durante su período de gobierno.
¿Cómo esperan que se difunda el mensaje?
Que las personas se puedan vincular en redes sociales a través de los temas que ellas les importen. Por ejemplo, ayer unas personas del sector salud publicaron que del presidente electo esperan que reconstruya el sistema de salud.
Pero hay otras personas a las que les interesa el tema del desarrollo regional y pidieron que el presidente electo proteja la empresa privada en las regiones. La idea es vincular a la comunidad con nuestras preocupaciones como fundación, pero también con las preocupaciones que ellos puedan tener con respecto al próximo gobierno.
¿Ponen sobre la mesa temas que unen y no generan división?
Lo pensamos como mínimos, pero lo más triste que observaron algunas personas cuando sacamos la campaña es que es triste que estemos en un momento en el que nos toque pedir estos mínimos. Pero estamos en un momento de la historia de Colombia y de los fenómenos políticos globales, nacionales y regionales, en que nos está tocando exigir estos mínimos.
Que se respeten los resultados electorales no debería ser una preocupación en la democracia, pero hoy sí lo es.
Creemos que la campaña tiene potencial para que más instituciones se vinculen, algunos aliados como Proantioquia, Vivir en El Poblado, algunos de los miembros de la Alianza por la Democracia, que es una alianza de organizaciones de la sociedad civil, esperamos que muchos más se puedan sumar.
¿Qué tareas desarrolla la Fundación para el Estado de Derecho?
Somos una organización no gubernamental no partidista y sin ánimo de lucro con un compromiso cívico muy grande en la defensa de estos principios, algunos de los cuales están representados por la campaña.
Esa protección o esa defensa del estado de derecho lo hacemos a través de tres áreas:
- Litigio estratégico de interés público. Hoy tenemos el equipo más grande de litigio estratégico del país, con 14 abogadas.
- Hacemos campañas de comunicación como la actual.
- Trabajamos también en un área de difusión de ideas con proyectos con los cuales buscamos vincular y extender la conversación pública sobre la democracia liberal a distintos sectores empresariales, religiosos, estudiantiles.
¿Cómo desarrollan el tema del litigio estratégico?
Defendemos nuestros principios, la Constitución de 1991 y el principio de legalidad y eso lo hacemos litigando en contra de actuaciones públicas del nivel central o del nivel local que, consideramos, afectan esos principios o afectan el interés público.
Tenemos demandas de nulidad contra decretos, demandas de constitucionalidad contra leyes, acciones populares de defensa del derecho colectivo a la seguridad pública en 11 departamentos
del país, tenemos muchas acciones para forzar la transparencia de la contratación pública, tenemos una acción popular nueva sobre la seguridad aérea, contra la Aeronáutica Civil.
De alguna manera, lo que hacemos es litigar contra el Estado para que el Estado cumpla sus normas, cumpla con las reglas de juego que tenemos en Colombia. Para que los gobernantes cumplan con su deber cuando no lo están haciendo.
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