En el marco de la versión 17 de la Feria del Libro y la Cultura de Medellín, certamen celebrado hasta ayer domingo 17 de septiembre en el Jardín Botánico, la secretaria de Gestión y Control Territorial, Andrea Cecilia Salazar Jaramillo, sostuvo un interesante conversatorio con varios representantes de los medios alternativos, independientes y comunitarios (MAIC) de la ciudad, incluido Vivir en El Poblado.
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Al ser consultada por este periódico sobre el papel del despacho a su cargo en el proceso de licenciamiento y construcción del almacén Price Smart de El Poblado (en el sector de San Michel, sobre la transversal inferior), Andrea Salazar confesó que “me siento desilusionada por cómo terminaron dándose las cosas”.
Explicó que “nosotros levantamos la alerta, hicimos el análisis, hicimos el informe técnico, con el cual establecimos que el proyecto, que iba avanzando, no cumplía con las normas urbanísticas en tres aspectos: el índice de ocupación, el índice de construcción y el uso del suelo”.
Tal valoración negativa por parte de Gestión y Control Territorial de Medellín está sustentada en que la Curaduría Urbana Segunda de Medellín “se basó en un Plan Urbanístico General (PUG) que no es un elemento de planeación complementaria, para otorgar las licencias”.
Agregó que, como todo PUG, se propuso por etapas, cuyas metas individuales no se pueden sumar entre sí. Es decir, si en una etapa no se cumplió lo proyectado, “luego no se puede sumar lo que no se hizo, a lo permitido para la siguiente”.
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Salazar dijo que “se hizo un requerimiento al curador” y se le pidió al Departamento Administrativo de Planeación (DAP) que pidiera la revocatoria de la licencia, “porque ya era su competencia”. Fue cuando, efectivamente, el curador segundo, Luis Fernando Betancur solicitó la revocatoria de la licencia que su mismo despacho había emitido.
Lo descrito estaba sucediendo en los primeros días de febrero de 2023. “Por ser dicha licencia un acto administrativo privado y concreto, para que sea efectiva la revocatoria es necesario que se dé la aceptación del destinatario. Obviamente, el titular de la licencia no estuvo de acuerdo y siguió avanzando en la obra”.
Continuó relatando que “ante esto, como Distrito, se procedió a demandar la licencia y solicitamos medida cautelar de suspensión de obras, pero el Juez Administrativo 29 de Medellín no aceptó la suspensión provisional. Como en derecho se entiende que hay presunción de legalidad en un acto como una licencia ya expedida, hasta tanto el juzgado no declare la nulidad de la misma, quedamos amarrados”.
Por último, añadió la funcionaria que “no podemos hacer mucho más, las competencias son muy claras y ya agotamos las nuestras. Tampoco hay un tiempo definido para que el juez administrativo dicte sentencia, puede ser pronto o no; igual, debemos tener en cuenta que existe la posibilidad de la segunda instancia. Inevitablemente, me recuerda el caso del centro comercial Arcadia”.
Andrea Salazar hace referencia a ese desarrollo urbanístico ubicado en el sector de El Rodeo, también denunciado por inconsistencias en su licenciamiento. “Pasaron varios años para que la justicia declarara la nulidad de la licencia, fallo que se conoció tiempo después de que el centro comercial terminara la construcción y abriera sus puertas”.
