Pese a que voceros distritales reconocen la ilegalidad de su licencia de construcción, el proyecto sólo podrá detenerse mediante decisión judicial que declare su nulidad. Turno para el Tribunal Administrativo y los juzgados.
Luego de la audiencia pública convocada el 6 de febrero por la Junta Administradora Local (JAL) de El Poblado, en el parque recreativo Providencia, para escuchar a distintos actores dentro del polémico caso Price Smart en San Michel, quedaron claras tres conclusiones principales.
Primera, que la obra sigue mientras no haya fallo judicial que revoque su licencia; segunda, que la administración y parte de la comunidad gestionarán dicha revocatoria ante distintas instancias; y tercera, que Price Smart se compromete a sostener un diálogo más fluido con los vecinos, sin renunciar a su pretensión de sacar adelante éste, que sería su segundo almacén en Medellín.
A dicha reunión asistieron las titulares del Departamento Administrativo de Planeación (DAP) y de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, Jasbleydi Pirazán y Andrea Salazar, respectivamente, quienes se comprometieron a nombre del distrito para gestionar ante el Tribunal Administrativo la revocatoria de la licencia de construcción entregada por la Curaduría Urbana Segunda de Medellín, que no contó con representación en la mencionada asamblea.
También afirmaron que ya notificaron del caso a la Superintendencia de Notariado y Registro, ente que ejerce vigilancia y control a las curadurías en el país. Hasta que no se surta este trámite de revocatoria, no podrá darse la suspensión del proyecto, como es el querer de varios de los vecinos y residentes, quienes alegan afectaciones en materia ambiental, de movilidad, seguridad y detrimento patrimonial por la congestión vial que prevén padecerán cuando entren en operación estas instalaciones, posiblemente a finales del año si se mantiene el ritmo actual de los trabajos.
En ese sentido, se escuchó la propuesta de algunos líderes comunitarios de estudiar la posibilidad de instaurar ante los juzgados acciones populares y de cumplimiento para detener las obras cuanto antes, como un accionar complementario, una suerte de plan B respecto a las medidas anunciadas desde el DAP y Gestión Territorial.
Por último, según el presidente de la JAL de la Comuna 14, Juan Sebastián Rey, “Price Smart quedó en muy buenos términos con esta entidad y mostró un ánimo conciliador con la comunidad, sin renunciar a su pretensión de sacar adelante este almacén”. Sus representantes en la reunión se comprometieron a asistir a futuras audiencias explicativas sobre el avance del proyecto, cada vez que sean citados, lo que no sucedió el año pasado, cuando fueron invitados por la JAL en varias ocasiones y no se presentaron ni excusaron.
