Las platas perdidas, embolatadas y en el aire, son, desafortunadamente, pan nuestro de cada día. No por ello debemos acostumbrarnos y dejar de sorprendernos cuando se dan a conocer cifras como la que en esta edición ofrecemos en el artículo titulado “Un jurgo de plata por ahí volando”, en el que se detalla la cuantía que adeudan algunos constructores al Municipio, por compensaciones urbanísticas: 160 mil millones de pesos.
En varias oportunidades hemos abierto estas páginas a quienes piden que dicha deuda sea cobrada diligentemente por parte de la administración municipal para cubrir gastos, o parte de ellos, que de otra manera van por cuenta de los ciudadanos; para el caso, el ejemplo más reciente son los cobros por valorización. Pero, más allá de esta idea, el argumento para cobrarlo es que la figura jurídica funcione como ha de ser.
Amerita recordar el sentido de las compensaciones urbanísticas: dotar el espacio público y equipar un territorio a través de impuestos cobrados a constructores. En realidad, un negocio tan lucrativo, como lo son la mayoría de las construcciones de vivienda en El Poblado, no tiene justificaciones suficientes para no pagar sus contribuciones a la municipalidad. La excusa de que otros no pagan queda por fuera de toda comprensión en una sociedad educada.
Tampoco tiene sentido que la Administración carezca de una metodología de recaudo más eficiente de las compensaciones urbanísticas a organizaciones o sociedades de construcción, cuando a diario conocemos sobre despiadados cobros coactivos a personas naturales, desde lo público y lo privado.
Ciudadanos que tienen multas de tránsito, créditos para estudio con el Icetex, y con entidades financieras para casa, carro y un sinnúmero de asuntos, se ven asfixiados por los cobros insistentes y por los reportes a las centrales de riesgo; un desequilibrio en el trato si se compara con el que reciben las constructoras morosas. Cabe recordar también el desbalance entre quienes pagan sus impuestos a tiempo y quienes mucho más tarde son recompensados con amnistías.
Así mismo, en esta edición reportamos las dificultades que siguen enfrentando las personas que le compraron apartamentos a la constructora CDO, para lograr que esta les responda por su vivienda y patrimonio.
Es, sin duda, una lástima que este gremio, apreciado como motor de las economías de un país, como una gran herramienta para el desarrollo de una sociedad y una fuente importante de empleo, se encuentre hoy con su buen nombre empañado, por cuenta de unos pocos y a costa de muchos otros que siempre cumplen con las normas.
