El Congreso de la República aprobó la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una iniciativa que moderniza el modelo de financiación y responde a una deuda histórica con las instituciones de educación superior estatales. El proyecto pasa ahora a sanción presidencial.
Durante décadas, las universidades públicas enfrentaron un crecimiento acelerado de la matrícula sin que los recursos aumentaran en la misma proporción, lo que afectó su calidad, cobertura y sostenibilidad. La reforma corrige esta brecha al establecer un nuevo esquema de financiación que reconoce los costos reales de funcionamiento de las instituciones.
Uno de los principales alcances de la ley es que los aportes de la Nación dejarán de ajustarse únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y pasarán a actualizarse según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este cambio permitirá una asignación más justa y acorde con las necesidades reales del sistema.
Reforma entrega más recursos
En los últimos años, el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior públicas ha crecido de manera significativa, pasando de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025, incluidos los recursos de gratuidad. Para 2026 se proyecta que supere los 13 billones de pesos. Con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales, orientados a ampliar cobertura, mejorar la calidad, fortalecer la investigación, cerrar brechas y avanzar en la regionalización de la educación superior, sin la creación de nuevos impuestos.
A largo plazo, la ley traza un objetivo transformador: alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de los países de la OCDE.
Los nuevos recursos se destinarán a ampliar el acceso y la permanencia estudiantil, promover la graduación, fortalecer el bienestar universitario, mejorar las condiciones de la planta docente y administrativa, impulsar proyectos de infraestructura y reducir las brechas territoriales y sociales que históricamente han limitado las oportunidades de miles de jóvenes.
