Dejar el carro en casa, utilizarlo para viajes estrictamente necesarios y volcarse al transporte público o a modalidades como el carpool, la caminata y la bicicleta, más la descentralización de trámites o el teletrabajo, es el llamado habitual para los habitantes de las grandes urbes cuya movilidad presenta signos de infarto.
Medellín no se ha escapado al pedido por parte del gobierno municipal, con insistencia durante los últimos 15 años. No cabemos con los carros en las vías y hoy un viaje, en esta ciudad mediana, puede robarse en vida y en productividad hasta 34 minutos. Según Fenalco, por culpa de los tacos el Aburrá pierde hasta 2 billones de pesos anuales.
Con contadas excepciones y esfuerzos valiosos y minúsculos, el pedido de dejar el carro en casa no caló. Al mismo tiempo surgió la restricción del pico y placa y, entretanto, hubo ciudadanos que optaron por hacerse a otro vehículo.
Hoy nos piden, una vez más, guardar el carro. Ahora no solo porque no cabemos en las vías sino por la emergencia ambiental que tiene atrapada al Aburrá y que amenaza la salud pública desde hace tres semanas.
Pero ¿se puede dejar el carro en la casa? Medellín ha sido reconocida en la escena internacional por su sistema de transporte; sin embargo, al margen de imagen y premios, el ciudadano expresa situaciones y no pocas dificultades. En el nororiente, una persona se puede tardar en transporte público hasta 45 minutos para llegar a su trabajo. Poco menos de 35 horas perdidas al mes. En El Poblado, con un promedio de 1,5 vehículos por familia, basta pensar en las peripecias que tienen que hacer quienes viven, por ejemplo, en San Lucas y elijan moverse en transporte público al Centro.
Le piden al ciudadano dejar el carro en casa y, si acepta, mientras avanza en un transporte público ineficiente, inseguro e indigno, y pierde horas vitales de ejercicio productivo y de calidad de vida, por la misma vía pasan volquetas y similares tosiendo nubes negras por sus chimeneas.
Es un círculo del que no hemos escapado porque el sistema público no invita, no ofrece garantías, incluyendo el metro con sus fallas en comodidad e inclusión. Ya 38.000 usuarios en la estación Poblado cada día optaron por esa vía de movilidad y en las horas pico pareciera no caber uno más.
El Gobierno pide racionalizar los usos, pero los ciudadanos, por desidia o por imposibilidad, no responden en la medida necesaria. Al Gobierno la situación lo obliga a ser más creativo y, si es necesario, impopular. Al sector privado, bajo una perspectiva de responsabilidad social –que también cobija al sector público como usuario de la ciudad-, le compete participar en las soluciones, ya sí en serio, con respaldo en políticas y planes corporativos.
