A finales de octubre, de este 2025, se conoció la suspensión de la consulta para decidir la conformación, o no, del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, prevista inicialmente para el 9 de noviembre que pasó. Desde entonces, el debate regresó al terreno jurídico y se alejó de lo político: órdenes judiciales, impugnaciones, un presunto incidente de desacato; pero, ¿y la consulta para cuándo? A la fecha, nadie lo sabe.
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Dos noticias, dos celebraciones distintas. Para quienes se oponen a la creación del Área Metropolitana, la suspensión de la consulta fue recibida como una victoria. Para quienes promueven el “Sí”, el fallo de un juzgado de Medellín que ordenó al Ministerio de Hacienda desembolsar los recursos necesarios desató el optimismo. Entre una y otra orilla, la ciudadanía continúa en la incertidumbre, sin claridad sobre si el proceso se realizará ni cuándo será convocada a las urnas.
El proceso alrededor de la conformación o no del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás ha estado marcado por la desinformación. Desde ambos bandos se han lanzado argumentos incompletos, cuando no directamente falsos, y los valores democráticos han quedado relegados a un segundo plano.
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Lo que debería ser un ejercicio de deliberación pública pensando en el futuro del Valle de San Nicolás se ha convertido en una disputa política donde importa más ganar en el relato que informar a la ciudadanía. Una disputa que, además, ha girado en torno a las figuras de Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón, cuando ninguno de los dos debería ser el centro de esta discusión. El epicentro del debate tendría que ser el Valle de San Nicolás y las personas que lo habitan.
El trámite de esta consulta, además, partió de una decisión cuestionable: la reducción al 5 % del umbral necesario para que la votación sea válida. ¿Es razonable que cinco de cada cien ciudadanos decidan el destino de todo un territorio? La pregunta es legítima: la democracia se sostiene sobre la participación y el consenso, no sobre la indiferencia o el desinterés de las mayorías.
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Pero, así como ese umbral resulta altamente cuestionable, tampoco debería celebrarse que la Registraduría se vea obligada a suspender un proceso democrático porque el Gobierno nacional no desembolsa los recursos necesarios para su realización. Eso, más que una victoria política, debería encender alertas sobre el compromiso democrático de quien preside un Estado social de derecho, y de quienes justifican esa conducta.
Existen caminos legítimos para quienes se oponen al proyecto: el jurídico, intentando frenar la consulta mediante demandas; y el político o pedagógico, explicando con argumentos por qué esta figura no sería conveniente para la región. Lo que no puede celebrarse es que la incertidumbre, la desinformación y la negligencia estatal terminen imponiéndose como los verdaderos ganadores del proceso.
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El Valle de San Nicolás merece un debate serio, informado y transparente, no un juego de titulares, falsas noticias y argumentos falaces. Porque más allá de si el resultado es “Sí” o “No”, lo que está en juego es la calidad de nuestra democracia.
