Colombia es el país de América Latina con más abogados per cápita: 768 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de República Dominicana, que ocupa el segundo lugar con 562 profesionales del Derecho en la misma proporción. Tal vez eso explique, en parte, por qué somos uno de los países con más leyes y entidades en el mundo. 

Códigos enredados e instituciones que entorpecen la vida de los ciudadanos y solo se cumplen a medias. Nuestra Constitución es una de las más extensas de América Latina y también una de las más reformadas, con al menos 60 actos legislativos desde su promulgación en 1991. 

No quiero decir con esto que no necesitemos abogados. Aunque es claro que hacen falta buenos profesionales del Derecho, debemos reconocer que tenemos un superávit inútil de abogados y un déficit costoso de profesionales en ciencias aplicadas. Lo dice alguien cuya profesión también ha sido duramente criticada por la saturación del mercado laboral. “Tenemos demasiados psicólogos, sociólogos, carreras que no les sirven para tener mejores ingresos”, afirmó hace algunos años la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. 

Ahora, a propósito de la consulta popular sobre el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMVSN) y sus supuestas ventajas técnicas, adivinemos cuál es la profesión de la mayoría de los alcaldes del Oriente antioqueño. Claro, abogados. Sí, los mismos que hoy nos invitan a votar por el “sí” con argumentos que dicen ser técnicos, de ingenieros. ¿Les creemos? Yo no. 

Lo que veo en este momento es un peligroso apetito burocrático: una intención de extender los procedimientos, los requisitos y las influencias de caciques políticos, tales como el senador que promovió la modificación para bajar el umbral de la consulta del 25 % al 5 %, a través de una nueva institución. 

El AMVSN representaría la oportunidad de crear miles de nuevos cargos, sin que aún haya claridad sobre cómo se suprimirían los ya existentes. Me temo que, llegado el momento, se expondrá extensa y profusamente —como en un fallo judicial— la “imperiosa necesidad” de mantener tanto los cargos locales como los nuevos, a expensas, por supuesto, de nuestros bolsillos. 

Por formación, los profesionales del Derecho están orientados al trámite, al proceso, a los derechos adquiridos y no a la técnica, la necesidad o el logro. Colombia se ha quedado patinando en cientos de normas y entidades que entorpecen el avance y el desarrollo de múltiples proyectos, mientras el mundo avanza velozmente en medio de la cuarta revolución industrial. 

Por supuesto, el problema estructural del país y el Oriente antioqueño tiene muchos otros matices, pero este es uno crítico y evidente. Necesitamos menos abogados e instituciones y más técnicos, ingenieros y laboratorios para que el desarrollo deje de ser una bonita declaración de derechos y deberes en un pedazo de papel, debidamente autenticada en notaría.