Un mes después de la frustrada consulta popular, los promotores de la iniciativa siguen optimistas de ir a las urnas. En Vivir en Oriente dialogamos con Eugenio Prieto Soto, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia -DAP-, acerca de las instancias legales y la posibilidad de que se reactive el proceso:  

¿Cómo queda el proceso después de la fallida consulta?  

“Lo que pasó el 9 de noviembre fue provocado por el Gobierno nacional que no cumplió con el giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda e hizo que la Registraduría Nacional del Estado Civil suspendiera la consulta. Es muy complejo que se obstaculice, impida y vulnere el derecho fundamental a la participación ciudadana”.  

¿En qué van los recursos interpuestos por los promotores del SÍ? 

“En primera instancia la jueza Sexta de Familia de Oralidad de Medellín amparó ese derecho a la participación política y a la consulta popular; por tal razón, avanza un incidente de desacato contra el Ministerio de Hacienda. Esa impugnación, en segunda instancia, por parte de magistrados del Tribunal Superior de Medellín, debe salir antes que inicie la vacancia judicial, ahora el 19 de diciembre. ¿Qué deberá suceder?: que después del anuncio de los jueces, la Registraduría convoque nuevamente a la consulta, que ojalá sea comenzando el año”.  

Se dice que la consulta sería el 25 de enero de 2026, ¿es posible?  

“La Registraduría debe confirmar que ya tiene recursos por parte del Ministerio de Hacienda para calcular cuánto tiempo demora en organizar esa logística. Como ya había un proceso en marcha, esperamos que todo se pueda organizar en 20 días hábiles. Todo debe suceder un mes después del pronunciamiento definitivo de los jueces. No queremos que se corra hasta elecciones legislativas, o que quede en medio de las votaciones de Congreso y Presidencia, porque se volvería muy tóxica la campaña”.  

¿Ustedes, como promotores del SÍ, siguen con pedagogía?  

“Sí, en los cinco meses que nos dio la Registraduría adelantamos diferentes espacios de socialización. No hemos parado, seguimos conversando con ciudadanía, empresarios, campesinos y todas las fuerzas vivas del Oriente antioqueño. Tenemos un Acuerdo de Gobernanza con el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás y dos provincias. Con Cornare, como autoridad ambiental, y otras organizaciones del territorio, vamos a promover ante la Asamblea de Antioquia una modificación al Sistema Departamental de Planeación para tener subsistemas donde áreas y provincias se integren en acuerdos de gobernanza”.  

¿Qué ambiente ha percibido después de lo ocurrido?  

“Hay de todo. Algunos celebran porque se suspendió la consulta. Creo que uno no puede celebrar que se frene la democracia. Hay personas que estaban esperando que se realizara las votaciones. Cuando decimos que se vulneró el derecho fundamental a la participación ciudadana nos referimos a que más de 350.000 ciudadanos, aptos para votar, no pudieron hacerlo”.  

¿Cómo convencer a los escépticos del proceso?  

“Nosotros somos respetuosos del disenso. Hemos querido mucho que se dé el debate con argumentos y se construya cultura política. No nos gusta el tema del insulto, del oprobio y la diatriba, porque eso no construye, solo destruye; y la generación de odio lleva a la edificación de mitos, llena de vacíos e incertidumbres el proceso y no permite que la ciudadanía se exprese”.

350 mil personas, en ocho municipios, están habilitadas para votar la consulta popular en la zona del Altiplano, Oriente antioqueño