“Se lo pasan por el bozo” es una expresión que se usaba en Medellín hace algunos años para referirse a alguien que impartía una orden pero no se le hacía caso. Pues a juzgar por la copiosa e incesante quema de pólvora, no solo durante la estruendosa alborada del 1 de diciembre sino antes y después, en esta ciudad no son pocos los que se pasan a las autoridades por el bozo. A las civiles y a las de policía. Se pasan por el bozo el decreto municipal 1417 de 2013 y, de paso, a la Constitución del 91, a la ley 670 de 2001 y al resto de ciudadanos que tiene claro que utilizar pólvora no solo está prohibido “porque constituye un alto riesgo para la salud de la población”, sino que denota estupidez.
¿O cómo más se puede llamar a ese jugar con fuego, literalmente, sin necesidad?
Es sintomático del poco respeto que hay en Medellín por las disposiciones legales y las figuras encargadas de hacerlas cumplir, el que no haya decreto ni campaña que valga para disminuir, y mucho menos erradicar, el uso de pólvora. Tampoco son suficientes los informes periodísticos y los testimonios que año tras año publican los medios de comunicación dando cuenta de las tragedias que causa la pólvora, de los dolores, mutilaciones, deformaciones e incapacidades que padecen las personas quemadas con uno de los pasatiempos más nocivos que pueda cundir por estas tierras.
Pero, ¿de dónde proviene ese pasarse a las autoridades por el bozo?
El sentido común nos dice que mucho tiene que ver la falta de temor, es decir, la certeza de que no habrá castigo. De lo contrario, la violación a la norma no sería tan generalizada y no aumentaría en lugar de decrecer. Para la muestra, lo sucedido en El Poblado con el reciente decomiso de 500 kilos de pólvora, artículo incluido en esta edición. Aunque la cantidad del material incautado es más que suficiente para causar una tragedia de grandes proporciones en caso de explotar en una zona residencial como es la loma de Los Parra, el expendedor está libre. Sencillamente porque fabricar, almacenar, transportar, vender y manipular pólvora no está tipificado como delito sino como contravención y no da cárcel. Así lo establece el decreto 1417, en el cual se apoya la Alcaldía para combatir el uso de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales.
Luis Fernando Quijano, de Corpades, consultado para un informe sobre seguridad que publicamos en estas páginas, opinaba que “la alborada mafiosa” deja claro quiénes son los que mandan en la ciudad. “Es la ilegalidad manifestándose”, decía. Agregaba que la presencia policial es inoperante y que las personas que queman pólvora dan muestra de que no tienen temor a ser judicializadas.
Infortunadamente, no es solo la quema de pólvora. Los síntomas de desinstitucionalización se presentan en un sinnúmero de conductas sociales con las cuales las autoridades y las normas son todos los días pasadas por el bozo.
