La Veeduría Técnica al Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova (2025-2055) está conformada por cinco entidades de reconocido rigor profesional, como lo son la Universidad Pontifica Bolivariana (UPB), la Universidad Católica de Oriente (UCO), la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y las gremiales Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol Antioquia) y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI).
Esta veeduría, después de que se presentó formalmente la última versión conocida del proyecto del mencionado Plan Maestro, el 30 de septiembre pasado, les ha expresado a los consultores privados responsables de su elaboración y a la Aeronáutica Civil varias inquietudes técnicas, jurídicas y financieras que hasta la fecha no han sido contestadas.
Martín Alonso Pérez, arquitecto y coordinador de la veeduría, recordó que ante ese silencio se optó por emitir un comunicado de prensa el 24 de noviembre y, más de quince días después, a hoy seguían sin respuestas. “Nos invitan a otras presentaciones de la misma propuesta del plan, pero lo que demandamos es la entrega de documentos técnicos, no de archivos de PowerPoint”.
Las principales dudas de la veeduría tienen que ver con el incremento significativo del valor del plan, pues saltó “en tres meses” de costar poco más de 14 billones de pesos a 22.3 billones de pesos. “No sabemos por qué se disparó ese valor, que siempre crece en cada versión. Se ha insinuado que, por algunos costos de obra, como la remoción de tierras para la construcción de la segunda pista, pero ese solo ítem nos parece cuestionable. Para la primera pista, hace más de 40 años, se movieron unos 22 millones de metros cúbicos y hoy se dice que para la segunda se necesitará remover el triple y no sabemos de dónde sacan esa proyección y ese es apenas uno de los puntos que nos despiertan inquietud”.
Entretanto, dentro de la misma Aeronáutica Civil se vive hoy en incertidumbre frente a la esperada adopción del Plan Maestro que propone la firma consultora, pues desde el 21 de noviembre hay un nuevo director de esta entidad, en carácter de encargado: el contador público Luis Alfonso Martínez Chimenty, quien deberá tomar la trascendental decisión de expedir la necesaria resolución interna, o no.
A la espera de esta definición están en la Alcaldía de Rionegro, pues es un insumo vital para expedir una nueva revisión de su Plan de Ordenamiento Territorial. También se requiere para establecer el Presupuesto Nacional en 2026 y los del futuro nuevo Gobierno. Y ni qué decir del Plan Vial de Oriente y hasta la expansión del Metro hacia el Oriente cercano, de cara a las siguientes décadas.
La sola demora nos perjudica, por no hablar de opacidades.
