Un recorderis para los servidores públicos: según la Ley 734, es su deber “tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.
En su libro Insulto: breve historia de la ofensa en Colombia, el escritor Juan Álvarez recuerda cómo el relato fundacional de nuestra República es la anécdota de una serie de patriotas que montan una escena para provocar al español José González Llorente, de temperamento explosivo. Los insultos que Llorente pronunció se convirtieron en la chispa que encendió los ánimos ya caldeados de los habitantes de Santafé de Bogotá.
Este, el evento que dio inicio a la Independencia, no fue, como recuerda Juan Álvarez, un evento fortuito, sino una parafernalia premeditada, como muchas de las que, en lo sucesivo, marcarían y siguen marcando la vida en nuestro país de gente ofuscada.
Juan Álvarez: “cuando los políticos se nos presentan en ese estado de supuesta irracionalidad están haciendo muchos cálculos”.
En Medellín, la ciudadanía asiste con perplejidad a esta puesta en escena. Mientras la alcaldía ubica en El Poblado una valla con el mensaje conciliador de San Francisco de Asís, “Señor, hazme un instrumento de tu paz”, el alcalde Daniel Quintero y su gabinete usan las redes sociales para insultar a diestra y siniestra a los ciudadanos que se han “atrevido” a ejercer el derecho de criticarlo: “pelagatos”, escribe un día; “sinvergüenzas”, publica otro. Sus funcionarios, atentos a la señal, porque su labor es “hacer caso”, como confesó el gerente de Telemedellín, replican los mensajes o se inventan nuevos vituperios, según el escenario.
La secretaria privada insulta a los concejales de la ciudad, por discutir y pedir explicaciones; el secretario de Gobierno insinúa que el periódico El Colombiano es un pasquín, por ejercer su trabajo periodístico; el secretario de Inclusión hace eco, diciendo que este medio “miente y distorsiona”. Un estilo muy colombiano: “Como ciudadanos -dice Juan Álvarez-, nos beneficia mucho entender que cuando los políticos se nos presentan en ese estado de supuesta irracionalidad están haciendo muchos cálculos”. El punto es que al alcalde y a su gabinete se les olvida que ya no están en campaña, sino que están ejerciendo temporalmente la labor de servidores públicos, en cargos regidos por leyes y normas.
Si a ellos se les olvida la dignidad del cargo, vale la pena recordárselos: “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”, dice el artículo 123 de la Constitución Política. Un servicio que implica deberes, como lo dice la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único): “Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”, o “Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos”, por ejemplo. Ciudadanos ejerciendo sus derechos; ni pelagatos ni sinvergüenzas.
