La llamada “bomba pensional” es la consecuencia inevitable de la combinación de tres factores: la corrupción de políticos expertos en depredar instituciones públicas, la criminal irresponsabilidad de empresarios que evadieron los pagos de las cotizaciones que ordenaba la ley o, habiéndolas practicado, se apropiaron de ellas para su propio beneficio, y la ineptitud de gobiernos y legisladores, incapaces de prever las consecuencias de las normas y leyes que aprobaban respecto al tema pensional. Unos y otros, por acción o por omisión, originaron una crisis cuya génesis escapa por completo a la responsabilidad de los trabajadores, limitados a aceptar normas que no redactaban y aceptar retenciones que otros practicaban. No hay que buscar abducciones en Google para darse cuenta de que son otros los que deben responder.
Para que el colectivo cubra los costos de la imprevisión de sus dirigentes y aporte los recursos que los de arriba esquilman, eluden o evaden, reiterados discursos de funcionarios, gremios y elites políticas y empresariales convierten a los jubilados en “trompo pagador” de un problema que no causaron, para justificar una reforma tributaria que asegure a la voracidad financiera y a los negociantes de la guerra el pago de sus insumos y acreencias, y a la corrupción pública y privada una fuente “cómoda” de ingresos.
Para nada se mencionan los salvamentos de bancos, las exenciones tributarias, las subastas de un solo proponente, las fusiones empresariales amañadas, las conciliaciones fraudulentas, la privatización de empresas estatales ejemplares, el nulo control con los evasores de impuestos, los negocios de armas, los contratos de estabilidad jurídica, la complicidad con la corrupción, la ausencia de tributación catastral a terratenientes, la facilidad para girar ganancias al exterior y otros, esos sí, extravagantes privilegios.
Da grima escuchar necedades tales como que los pensionados no cotizaron lo suficiente o que el régimen de prima media es un sistema inequitativo que les quita a los pobres para favorecer a los ricos. Como si los pensionados hubieran decidido las cifras a cotizar o redactado las leyes que fijaban el monto de sus mesadas o como si las normas tuvieran efectos retroactivos.
Pensionados expuestos al escarnio público, para expiar en ellos vergonzosos casos de abusos de unos pocos, que por supuesto se tienen que corregir. Ese acento puesto en los casos excepcionales, de paso originados por los mismos partidos políticos para conseguir votos para sus clientelas, se lleva por delante la dignidad de trabajadores que lograron tal condición con su esfuerzo de años al servicio del país, esfuerzo que solo parece reconocer el gobierno a sus fuerzas de seguridad.
Como si no fuera suficiente el calvario que tienen que soportar durante el trámite de su pensión o el laberinto jurídico de interpretaciones legales que por norma general lesionan el monto de sus pensiones, el discurso oficial no hace otra cosa que generar unos privilegiados de papel, para tratar de canalizar hacia otros el repudio colectivo que por supuesto generan la desigualdad y la inequidad, de las cuales los pensionados son víctimas y no causantes. Porque el verdadero desangre del país lo constituyen los ingentes recursos que se dedican a la guerra, al pago de la deuda externa, los que se evaden, eluden o esconden en paraísos fiscales y los que se escurren por las alcantarillas de la corrupción pública y privada.
Nadie debe llamarse a engaño. Los pasivos pensionales que ahora se pretenden cubrir con el esfuerzo colectivo de los colombianos solo van a empeorar, por más sacrificios que nos impongan los que si pudieran hacerlos. Los tratados de libre comercio, con la carga de desempleo y de destrucción del campo que conllevan, lo van a empeorar; como ya lo hacen la supuesta flexibilización laboral y las cada vez peores condiciones laborales de los trabajadores. De manera que así como los pensionados de hoy, en vez de respeto y consideración por sus ejecutorias, deben cargar con el estigma de ser calificados como una pesada carga, los de mañana deben prepararse para servir de excusa cuando la aplicación de políticas impuestas desde la ceguera les exija otra su vez su aporte para llenar el barril sin fondo de la avaricia financiera nacional e internacional.
Francisco Luis Valderrama A.
P.S.: La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han interpretado la ley que establece el monto de la mesada pensional de una manera tan sui generis que merecería hacer parte de la mejor antología de los barbarismos legales. Habrá que reescribir lo que los libros de texto escolares enseñan al respecto.
