No soy líder socioambiental; confieso que me da miedo serlo en este país, uno de los cinco más peligrosos del mundo para levantar la voz en defensa de la tierra (según el informe Global Witness, 2004). Por eso, estos 11 valientes son héroes para mí y este artículo es la posibilidad de honrarles, compartiendo lo que conozco, pues sigo este conflicto socio ambiental desde hace cinco años.
La historia inició, en 2007, con la expedición de un título minero en una zona que incluye las veredas La Soledad y Vallecitos en el municipio de Jericó, Antioquia. Este título representa una expectativa de aprovechamiento económico de minerales, en el futuro, y únicamente, después de contar con una licencia ambiental. En 2020, la Minera de Cobre Quebradona (multinacional Anglogold Ashanti) presentó estudios para obtener la licencia de explotación, archivada en 2021, entre otras cosas, por falta de certezas frente a la afectación hidrológica y el impacto de la presa de relaves, que se proyecta en inmediaciones del río Cauca, así como posibles daños a las aguas superficiales. En consecuencia, la empresa hoy no puede hacer explotación.
Pero, la tensión jurídica comenzó en 2023, cuando cerca de 200 personas protestaron en una vía usada por empleados de esa empresa. A raíz de esto, 61 opositores resultaron querellados, su defensa alegó nulidad por indebida notificación, error en identificación de personas, inexistencia legal de servidumbre minera y no acreditación de propiedad del predio concesionado. El inspector no aceptó los argumentos e interpuso el principio de buena fe para esta multinacional que tiene historial de violación de Derechos Humanos en algunos lugares del mundo.
Don Porfirio, Willam, Juan Carlos, Don José Luis, Don Argiro, Don Albeiro, José Gabriel, Mauricio, Don Gustavo, Rodolfo y Rubiel son 11 campesinos y líderes de esta defensa territorial que enfrentan cargos penales por ejercer el derecho a la protesta, defender el agua, la tierra y el alimento. En abril de este año fueron denunciados por Minera de Cobre Quebradona ante la Fiscalía por secuestro simple, hurto calificado, lesiones personales y daño en bien ajeno, con solicitud de detención domiciliaria al ser considerados un peligro.
¿Las pruebas? Los campesinos detuvieron la circulación en el marco de una protesta, desarmaron maquinaria que entregaron a la Policía y portaron herramientas de trabajo cotidiano como machetes y zurriagos. En palabras del profesor de derecho de la UdeA, Gabriel Gómez, estas muestran que “la tipificación que hace la Fiscalía, según la cual se muestra una acción de protesta como posible secuestro y lesiones personales, es un acto de manipulación política del derecho y un ejercicio de violencia epistémica e institucional”.
Me impacta evidenciar cómo se cooptan las entidades en Colombia: detención domiciliaria a campesinos vs principio de buena fe para la multinacional.
Sí tengo algo de activista: pude acompañar a los once hasta la entrada del juzgado el pasado 26 de mayo. Fue una marcha en corte de honor para elevar sus espíritus, recordarles que no están solos, que defender la vida no es un delito y que son campesinos que merecen libertad y justicia. Cuidar el agua es cuidar la vida. Para más información: consultar artículo publicado por el medio Mutante y en redes #estoyconlos11dejericó.
