Este miércoles 7 de agosto se cumplieron dos años del mandato del presidente Gustavo Petro, y para el mandatario debe ser preocupante llegar a la mitad de su gobierno soñado y buscado sin poder cumplir gran parte de sus promesas de campaña.
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Son muchos los puntos en los que el Gobierno Nacional se ha “rajado”, y eso se refleja en el altísimo porcentaje de desaprobación que tiene en el país, un 66 %, según la última encuesta de Invamer. Pero hay un aspecto que debe dolerle particularmente al Presidente -y, por supuesto, también al país entero-: el fracaso, hasta ahora, de una de sus banderas de campaña, la llamada paz total.
Un párrafo quedó grabado con esperanza en el discurso de posesión de Gustavo Petro: “Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. (…) Este es el gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado”. En efecto, el 9 de junio de 2023, el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN firmaron en La Habana un acuerdo de cese al fuego bilateral, y ese día, nuevamente, el mandatario nacional celebró el hecho, con la grandilocuencia a la que nos tiene acostumbrados:
“Aquí nace un nuevo mundo, aquí se acaba una fase de la insurgencia armada en América Latina con sus mitos y realidades”.
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Pero, esta semana, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, le tocó anunciar la reanudación de las operaciones ofensivas contra este grupo insurgente, al quedar sin efecto, el 3 de agosto, el decreto de cese al fuego que se había pactado. El Gobierno Nacional había intentado hacer una prórroga, pero los integrantes del ELN que estaban asistiendo a la mesa de diálogo cortaron la comunicación con los jefes negociadores, Vera Grabe e Iván Cepeda, que llevaban varios días preguntándoles públicamente si estaban interesados o no en seguir con el proceso. No lo están, por supuesto.
Por la boca muere el pez, dice el refrán… Se supone que esta era la negociación de paz en la que Gustavo Petro tenía más confianza. En una entrevista concedida a la revista Semana, en marzo de 2021, soltó una frase que los internautas le han recordado profusamente: “A los tres meses de ser presidente de Colombia, se acaba el ELN”. Pero, al parecer, no le va a ser posible cumplir esta promesa de campaña. Lo dice el senador Ariel Ávila, uno de los mayores expertos en Colombia en temas de conflicto armado: “Yo creo que las negociaciones están heridas de muerte”.
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Y tampoco se ve claro el panorama para los otros procesos que tiene abierto el Gobierno Nacional con los otros grupos armados. Es desesperanzador el desorden y el afán de sentarse a la mesa sin tener claridad sobre los compromisos que los delincuentes van a adquirir a cambio de los beneficios que les ofrece el Gobierno. Una evidencia reciente: el lunes 5 de agosto, el Gobierno inició un “espacio de conversación sociojurídico” con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo. El vocero, alias Chiquito Malo, en una entrevista con el periodista Gustavo Gómez, de Caracol, dejó muy claras sus intenciones: “No existe ninguna posibilidad de que se acepte una ley de sometimiento”. Quieren, dijo, que se les reconozca estatus político, y se les ofrezca una justicia transicional.
Sobran las palabras. Lo que empieza mal, termina mal… dice otro refrán.
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