Pero ¿no hay extorsión? ¿O no hay denuncias? Que las víctimas no se pronuncien de manera formal no quiere decir que el delito esté en blanco. En Medellín, lo confirman investigadores y autoridades, el cobro violento impacta al que tiene una tienda, al que hace malabares en un semáforo, al del bus, al que vende huevos, a la familia que tiene un muchacho en edad de “reclutamiento” por un combo. Entretanto, el sistema oficial de información reporta que en 2015 hubo 243 denuncias. Menos de una por día.
Temor, costumbre, desconocimiento, falta de confianza en la autoridad, intereses particulares, hay muchas razones para que por una vía estadística vayan los delitos reales y por otra los reportes a los despachos que corresponde.
Un panorama de Medellín indicaría que el 80 por ciento de los barrios es víctima. Y, sin números a la mano, se considera que El Poblado puede darle base al 20 por ciento restante.
Hay otra mirada, la de Fenalco, cuantificada en el 90% de los negocios del Aburrá, que pagaría más de 50.000 millones de pesos al año, a la brava. ¿Cuánto aporta un conglomerado comercial clave como El Poblado en esos números? Tampoco se sabe.
Entonces hay que definir la situación real de El Poblado. Si cuando se habla de barrios se excluye al comercio, para comenzar. También hay que informar sobre cuáles son las responsabilidades del Estado y qué es una extorsión. No porque unos advenedizos usen términos de aparente amabilidad (“colaborémonos” y otras especies) sus acciones son de bien.
Guardar silencio o prestarse a ese delito no le ayuda a la ciudad y, al contrario, robustece la caja de los bandidos. Que privados asuman a la fuerza, y a sus espaldas, funciones de Policía, es ilegal y conduce a más prácticas delincuenciales.
Hace bien la Alcaldía en su llamado a los ciudadanos para “construir la seguridad entre todos”. El Alcalde Federico Gutiérrez ha prometido mejorar las condiciones de vigilancia ¿Cuál será su aporte ciudadano?
