“Nosotros señalamos que el Municipio debía ser sujeto del acuerdo transaccional y lastimosamente las partes llegaron a definir que no iba a ser parte del mismo. Eso llama a que se va a buscar una demanda, por cualquiera de las dos partes que firman el acuerdo, para que el Municipio les pague los perjuicios derivados del caso Space. Inicialmente, el Municipio estaba exonerado pero fue excluido”. Esto lo dijo con preocupación Diego Restrepo, gerente de Vivienda Segura, luego de que 19 familias damnificadas de Space (de las torres 1 a la 4) firmaran el lunes 6 de octubre un acta de intención de conciliación con la constructora CDO. En este preacuerdo, los damnificados se comprometen a no demandar a CDO y a otras personas naturales y jurídicas que tienen relación con esta constructora, pero no queda explícito que no puedan demandar al Municipio. CDO, por su parte, también podrá demandarlo, interés que ya ha manifestado.
La firma del acta se dio después de mes y medio de negociaciones, tiempo durante el cual damnificados y constructora participaron en 17 mesas de trabajo, lideradas por la Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría General de la Nación. El trabajo también fue acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín y la Gerencia de Vivienda Segura.
19 familias salen del limbo
La firma de este preacuerdo se dio dos días después de que la Universidad de Los Andes entregara el informe con las conclusiones definitivas en relación con el colapso de la torre 6 del edificio Space, tragedia que justamente este 12 de octubre cumple un año. Como ya se sabe, en el informe la institución universitaria manifestó que “la causa primaria o principal del colapso del edificio Space se encuentra en la falta de capacidad estructural de las columnas principales de la edificación para resistir las cargas actuantes debidas al peso propio de la estructura y a las cargas de servicio impuestas”.
Según el acta de intención del preacuerdo transaccional, suscrita por representantes de la Superintendencia de Sociedades, de la Procuraduría, además de Pablo Villegas Mesa, representante legal de Calamar S.A.S. (del grupo CDO), Marco Tulio Zapata, liquidador de la Sociedad Lérida CDO y las 19 familias mencionadas, quedaron estipuladas dos propuestas de pago.
La primera propuesta reconoce un valor de tres millones de pesos por metro cuadrado construido –como se describió en la promesa de compraventa del inmueble, celebrada con Lérida CDO–, incluyendo terrazas, que se pagarían así: un millón 400 mil pesos por metro cuadrado, suma que se cancelaría en efectivo con cargo a la fiducia mercantil, y la suma restante se entregaría una vez se venda el lote donde estaban ubicadas las seis torres de Space.
Una segunda propuesta contempla el pago de tres millones 300 mil pesos por metro cuadrado construido, pagados de la siguiente manera: un primer contado equivalente a un millón 400 mil pesos por metro cuadrado, suma que se cancelaría en efectivo con cargo a la fiducia mercantil, y el saldo (un millón 900) se cancelaría con la transferencia del dominio de bienes inmuebles de la Parcelación Mirador del Retiro o Mirador del Poblado de propiedad de la Sociedad Calamar CDO S.A.S. u otros, tal como consta en el documento. Lo cierto es que el martes 14 de octubre vence el plazo para que las 19 familias que han manifestado su intención de conciliación se acojan a una de las dos propuestas.
El panorama para 11 familias más
En cuanto a las 11 familias que no firmaron el acta de intención y que están representados por el jurista Javier Tamayo en una acción de grupo, tienen dos opciones: acogerse a una de las dos alternativas definidas en el preacuerdo transaccional o dejar supeditado su pago a los resultados de la liquidación de la Sociedad Lérida CDO. Así lo manifiesta Héctor Hugo Ramírez, abogado del proceso liquidatorio. “Si no se acogen, se califican y gradúan por parte de la Supersociedades como un crédito contingente, se someten a la suerte de la liquidación o, lo que es lo mismo, su pago quedará supeditado a la disponibilidad de los activos”. Estas 11 familias no firmaron el acta de intención pues aseguran que deberán revisar el preacuerdo, en especial cuando dice que la parte indemnizada subroga sus derechos a la parte indemnizante para adelantar procesos contra terceros.
Ahora, ¿líos con el Municipio?
En la reunión, los damnificados de Space se mostraron molestos con la Alcaldía porque consideran que es injusto el cobro del impuesto predial que estaba congelado; las familias argumentan que teniendo en cuenta lo sui géneris del caso, deberían quedar exoneradas del pago de este tributo, entre otras cosas porque los inmuebles no podían ser habitados, ni explotados comercialmente ni usufructuados de ninguna forma por quienes eran sus dueños. Luego, en rueda de prensa, Diego Restrepo, gerente de Vivienda Segura, fue enfático al decir que el Municipio nunca prometió una exoneración de este impuesto. Al preguntársele si esta situación se podía revisar (en el sentido de considerar la posibilidad de no cobrarles el predial), el funcionario respondió tajante: “¿Por qué lo vamos a revisar?”. –“Porque les van a cobrar a unas personas que tienen en juego su patrimonio y que no han habitado una propiedad”, contestó un periodista, a lo que Restrepo adujo: “Hay muchas propiedades en Medellín que están en la misma situación. El Estatuto Tributario es muy claro y dice que no puede haber exoneración del impuesto predial cuando hay una evacuación que es causada por un tercero”. El funcionario aclaró que lo que sí se podría revisar es un descuento del avalúo catastral.
En relación con el cobro de Valorización, se hará sobre el lote, y la factura les llegará a quien sea su dueño o dueños. Aunque la situación para los habitantes de Space parece que se fuera a resolver, no sucede igual con los damnificados de las otras unidades que fueron construidas por el grupo CDO, pues aún no tienen claro su futuro.
