Este viernes, 11 de julio, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor del Distrito de Medellín, tras la acción popular interpuesta contra la Nación en mayo de este año, por 20.3 billones que le adeuda al sistema de salud.
“Hoy la Justicia ordena al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas que en 30 días pague toda la deuda que tiene con los hospitales públicos y privados. Este es un fallo histórico, producto de una acción popular ante el Tribunal administrativo que presentamos hace un mes por la crisis de salud generada por el Gobierno Nacional.”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
La acción popular fue presentada el pasado 30 de mayo y el 4 de junio fue admitida, teniendo en cuenta que la vida y la salud de millones de colombianos está en riesgo, al presentarse la intervención del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, a las EPS sin garantizar el giro oportuno a los prestadores del servicio.
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En el caso de Medellín, hay hospitales que solo están recibiendo el 6 % de los recursos que se encuentra en cartera.
En la demanda también participaron, como coadyuvantes, el Departamento de Antioquia, la Personería de Medellín, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud y otras 22 entidades, entre públicas y privadas.
Además, las clínicas, hospitales y entidades territoriales pueden solicitar al órgano judicial la ampliación del fallo.
Para mitigar las afectaciones por la falta de pago, la Alcaldía de Medellín en 2024 destinó más de 200.000 millones con el fin de sostener la red hospitalaria de la ciudad, lo que permitió la capitalización de Metrosalud, el Hospital General de Medellín y el Hospital Infantil Concejo de Medellín.
La demanda vinculó a los ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Nacional de Salud, ADRES y EPS intervenidas.
Los puntos de vista
Para analistas, esta decisión judicial marca un hito en la defensa del sistema de salud, no solo de los habitantes de Medellín y los colombianos.
La decisión judicial además ordena vincular a toda la red hospitalaria pública y privada de la ciudad, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que se pronuncie sobre los posibles incumplimientos.
