Mientras las talas están frenadas por orden judicial, Metroplús y el municipio de Envigado muestran las ‘bondades’ del proyecto
Para Javier Darío Toro, gerente de Metroplús, y Héctor Londoño, alcalde de Envigado, la cuestión está clara: harán todo lo posible para que el proyecto que impacta directamente el conocido túnel verde (carrera 43 A, entre calles 21 Sur y 29 Sur, en Envigado) siga adelante, pues lo consideran un plan legal, que beneficia el medio ambiente, y no al revés, como se ha dicho hasta ahora.
En su explicación, Toro muestra lo siguiente: “En ese corredor a intervenir (900 metros) hay 532 árboles, datos avalados por Corantioquia, autoridad ambiental en este caso. La tala que autorizó el ente regional fue de 218 árboles, pero nosotros hicimos todos los ajustes para reducir a solo 130. Además, mientras la autoridad ambiental exigía que se sembraran 522 árboles, Metroplús propuso llegar a 2.000. Es decir, en vez de sembrar tres por cada árbol talado, queremos una relación de 15 por cada uno, para quedar con un total de 2.392 unidades”.
Según Javier Darío Toro, serán 16 especies de árboles nuevos con mayor capacidad de conversión del CO2, comparado con los tradicionales chiminangos, los que hoy tiene el túnel. Asegura que en tres años el corredor estaría igual o mejor.
El alcalde Héctor Londoño, por su parte, explica que Envigado invertirá en total 45 mil millones de pesos, como parte del 30 por ciento que le corresponde por el costo de la obra. “Por cada mes de retraso tenemos un sobrecosto de 1.100 millones de pesos”.
El mandatario local también defiende el proyecto de Metroplús porque “de esta manera se podrá sacar buses de circulación, que hoy están contaminando, para cambiarlos por los buses a gas de Metroplús. Ya está planteada la unión de las cinco empresas transportadoras para que ellos sean los operadores del servicio por la 43 A, y así salgan de este corredor, generando descongestión, orden y aire más limpio para todos”, dijo.
Resta esperar, entonces, la definición del Consejo de Estado para saber si se reactivan las talas que fueron frenadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, tras una acción popular, o si se suspenden definitivamente.
No será una decisión fácil de tomar, pues los gestores del proyecto y los detractores deberán demostrar quién tiene la razón en materia de impacto ambiental, a corto, mediano y largo plazo.
Por último, será interesante ver cómo se manifestarán los transportadores de buses tradicionales ante esta posibilidad, debido a los cambios que generará el proyecto cuando esté en pleno funcionamiento.
