Al momento de escribir este editorial (miércoles 12 de noviembre), no había transcurrido aún la sesión en el Concejo Municipal sobre el muy agitado tema de la Valorización, citada para el jueves 13 de noviembre. Pero aparte de los resultados de este debate, lo cierto es que el asunto de los cobros por los 23 proyectos viales que se están ejecutando en el Poblado no parece hoy tan sencillo ni puede decirse que es pan comido para la Alcaldía de Medellín, pese a que se están emitiendo las facturas para los contribuyentes, con las cuales se espera recaudar 458.400 millones de pesos.
Ya se ha sabido de 17 acciones de tutela falladas por dos juzgados de la ciudad a favor de algunos de los propietarios que estuvieron en contra de los cobros de Valorización; se siguen recogiendo firmas para dos acciones populares –una promovida por las juntas de acción comunal y otra por el Comité de Valorización– que, bien curioso por cierto, buscan el mismo fin: anular la resolución 094 del 22 de septiembre de 2014, por la cual se distribuyó la contribución por Valorización del Proyecto Vial de El Poblado. Así mismo, desde algunos púlpitos se ha invitado a participar en los plantones pacíficos, a firmar las planillas de las acciones populares y a participar en el debate del Concejo. Es el caso, por ejemplo, de la parroquia principal de El Poblado, San José, donde el derrame de Valorización llegó por la suma de 400 millones de pesos, como lo han expresado con preocupación el párroco y los sacerdotes de este templo en varias homilías.
De manera simultánea, abogados con conocimiento del tema, como Nelson Hurtado –de la Veeduría Ciudadana de El Poblado– siguen esgrimiendo factores por los que consideran ilegal el cobro de Valorización. “Encontramos que el primer evento en el cual se está violando el articulo 259 de la Constitución Nacional, que se refiere al voto programático, es en el Plan de Desarrollo 2008–2011. El alcalde Alonso Salazar jamás contempló el restablecimiento del tributo de Valorización y mucho menos ejecutar un plan vial de obras públicas en El Poblado para financiar por Valorización, por lo que ahí empieza la ilegalidad de este sistema de obras públicas”, dijo Hurtado –entre otros argumentos– en rueda de prensa el miércoles 12 de noviembre.
Por diferentes medios continúa expresándose la creciente preocupación por el patrimonio de miles de familias y por el eventual desplazamiento de la clase media de El Poblado que podrían causar los cobros, para muchos impagables. No son pocos los que aún están sin entender por qué les cobran lo que les cobran.
Dirigentes gremiales y políticos, columnistas y personas del común insisten en que se revise la decisión de ejecutar obras de ciudad con recursos de los contribuyentes y presentan otras opciones de financiación con argumentaciones sólidas. Tampoco cesa de repetirse que en ninguna ciudad del mundo se construyen obras públicas por este sistema.
No está por demás entonces que el alcalde Aníbal Gaviria tenga en cuenta todas estas voces y considere la posibilidad de sorprender con una propuesta innovadora, una alternativa de peso frente a los cuestionados cobros por Valorización.
