Aunque los reparos puntuales son muchos más, a grandes rasgos se enmarcan dentro de las siguientes consideraciones:

Primero:
La constructora recusó al Alcalde de Medellín por su injerencia en el desarrollo en la ciudad y el control urbanístico, pero en este caso, según la explicación del Secretario de Gobierno, Wilson López, “quien resuelve la demolición de la torre 1 hasta la 4 es la Inspección 14 A de policía”.

Segundo:
CDO también hace reparos a algunas de las conclusiones del estudio adelantado por la Universidad de Los Andes, el cual determinó que los edificios deben demolerse “dado el inminente riesgo que representa por la vulnerabilidad estructural de la construcción” (Resolución 009 de enero 20 de 2014).

Tercero:
Expresa que esta decisión “cercena toda posibilidad de acometer labores de rehabilitación de la estructura que permanece en pie” y plantea un estudio con alternativas distintas a la demolición para repotenciar las torres.
La respuesta de la Secretaría de Gobierno es que se analizará este punto, pero advierte el secretario: “El momento para presentar esos estudios era la reposición misma, documento que la constructora no adjuntó. No entregaron esas alternativas”.

Cuarto:
El último aspecto tiene que ver con el procedimiento mismo adelantado por la inspección 14A. La Constructora CDO utiliza términos como “adolece de un vicio de falta procedimental absoluta…” y otros como: “carece en lo absoluto de soporte fáctico y jurídico, por no contar el inspector con el respectivo estudio de vulnerabilidad…”

10 de febrero es el plazo
La Secretaría de Gobierno afirma que el alcalde Aníbal Gaviria no entra en ninguna de las instancias del proceso y agrega que es una decisión del inspector, con base en el estudio de la Universidad de Los Andes y en conceptos técnicos del Dagrd y del Consejo Territorial de Control del Riesgo.

Wilson López dice, además, que “ya no hay más recursos si se llega a tomar en firme la decisión después de los 10 días hábiles del debido proceso”.

Sobre los tiempos para la demolición de estas torres, expresa que la magnitud de esta edificación requiere permisos ambientales que tienen que ver con seguridad de los vecinos, la fauna que se asienta allí y por el tema de los escombros, un proceso que tomaría algún tiempo.

Según el secretario de Gobierno, esta situación no afecta la implosión de la torre 5, que está ordenada por la inspección y que se efectuaría el 5 de febrero.