Este reconocimiento de responsabilidad internacional se da en el marco del Caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado con graves violaciones a los derechos humanos sufridas por miembros de la Comunidad entre 1997 y 2007.

Estos hechos incluyeron masacres, ejecuciones extrajudiciales y amenazas perpetradas por grupos armados ilegales, con complicidad o aquiescencia de integrantes de la fuerza pública.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 1997 y 2007 se recibieron 54 denuncias de violaciones a los derechos humanos en esta comunidad.

Fue precisamente en 1997, en respuesta a este contexto de violencia, que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como una expresión de resistencia civil no armada que proclamó su neutralidad frente al conflicto armado y su derecho a vivir en paz.

Uno de los hitos clave en este proceso fue la Sentencia T-1025 de 2007, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la impunidad de los crímenes cometidos contra la Comunidad y ordenó medidas para garantizar su acceso a la justicia y a la reparación integral. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes llevó a la conformación de una Comisión de Evaluación de la Justicia en 2012.

Tras años de persistencia, en diciembre de 2024 se logró un acuerdo de solución amistosa entre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado, en el cual se reconoce la responsabilidad estatal y se establecen medidas concretas de reparación, como la creación de una nueva Comisión de Evaluación de la Justicia.

Este acto se honró a las víctimas, se reconoció el daño causado y se sentaron las bases para que hechos tan dolorosos no se repitan.

En paralelo, se vienen adelantando otros compromisos del acuerdo, como la formalización de tierras y la ejecución de obras concertadas con la comunidad, incluyendo la adecuación de caminos rurales, la mejora de instituciones educativas y la construcción de un centro de salud. También se desarrollan iniciativas en materia de memoria histórica.

El acto de reconocimiento tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y contó con la presencia de la Comunidad de Paz, miembros del gabinete ministerial, funcionarios públicos, embajadores, alcaldes de ciudades europeas, líderes internacionales reconocidos por su labor en favor de la paz, así como organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y religiosas que han acompañado a la comunidad durante más de veinte años.