El funcionamiento eficaz del Estado depende directamente de la cooperación y la confianza entre sus instituciones y empresas. Sin ellas el contrato social se debilita y su estabilidad se ve comprometida. Precisamente, el choque de trenes entre Federico Gutierrez y Gustavo Petro, por la orden de un juez de embargar las cuentas de la Nación para garantizar el pago de las deudas a EPM, socava la confianza interinstitucional que hace posible la existencia del Estado y torpedea su funcionamiento.
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A este episodio, sin embargo, lo precede una orden de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Hacienda para pagar las deudas del Estado con las empresas de energía por el aplazamiento del pago de las facturas durante la pandemia, medida que permitió que millones de colombianos contaran con la energía fundamental para su bienestar en un contexto de incertidumbre y contracción forzosa de la economía.
Dicha medida, posible gracias a la confianza interinstitucional, representó un acierto en la gestión de esta crisis. Ahora bien, al romperse esa confianza interinstitucional, con un Gobierno que desatiende las disposiciones de la rama judicial, no solo se mantienen los impagos a las empresas sino que se crea inestabilidad jurídica. Alimentar la división y ralentizar el pago de estas deudas deriva en un mal funcionamiento de las capacidades del Estado y vulnera directamente el contrato social que hace posible la misma existencia del aparato estatal y su operación.
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Esa confianza da vida al Leviatán de Hobbes, la institución a la que todos acordamos ceder nuestra protección. El impago de estas deudas posiblemente responda a la conducta “sectaria” que el Presidente Petro ha sostenido en contra de Medellín y Antioquia. Tristemente ignora el mandatario que está enviando un mensaje que él mismo denunció en su famoso primer comité de ministros televisado. Promover la división de las instituciones del Estado sienta un muy mal precedente ad portas de una campaña electoral. ¿Estará el presidente corriendo la línea ética y haciendo un harakiri institucional?
Vulnerar directamente a las empresas cuyo propósito es servir y cuyos aportes benefician a ciudadanos colombianos, generan empleo y promueven la educación y el desarrollo, es pensar desde el “hambre electoral” y sectarismo infundado. Defender al Leviatán es esencial para preservar el orden y la libertad.
Defendamos al Estado, esta supra institución que une y da forma a Colombia y a la que, a través de la democracia y el consenso, le cedemos con absoluta confianza nuestra seguridad y bienestar.
