Después de un mes de darse a conocer el fallo del juez tercero administrativo de Medellín, José Ignacio Madrigal –favorable a una acción popular interpuesta por la comunidad hace dos años debido a los problemas de ruido que perturban el sueño y la tranquilidad de los habitantes de Provenza y el centro de El Poblado–, residentes se quejan de que las altas emisiones de ruido permanecen y de que algunos de los establecimientos comerciales cercanos a la Zona Rosa siguen violando las disposiciones oficiales. Así lo manifestaron en reciente reunión de la comisión accidental del Concejo de Medellín, que trata el tema del ruido en El Poblado.
El fallo, que dictaminó “la violación de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas”, fue apelado por la administración municipal y el proceso se encuentra en trámite. Como se informó en la edición 528 de Vivir en El Poblado (junio 20 de 2013), la sentencia del juez Madrigal “ordena al Municipio de Medellín y a la Nación –Ministerio de defensa – Policía Nacional–, dentro de los límites legales, diseñar, adoptar y ejecutar un protocolo o programa eficiente y efectivo para controlar las fuentes de emisión contaminante por ruido en el sector de Provenza y centro del barrio El Poblado de la ciudad de Medellín”.
“Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley. No es nada nuevo. No entendemos por qué la Alcaldía apela el fallo, si esto es un derecho que tenemos como residentes. ¿Acaso es que no quiere cumplir con la norma?”, expresó uno de los ciudadanos demandantes.
Ante este malestar, Gustavo Acevedo, de la Secretaría de Gobierno, informó que se han iniciado más de 190 procesos y se han impuesto cerca de 156 millones de pesos en multas a los comerciantes, y manifestó: “Sí se están realizando los controles, aunque no sean tan efectivos como quiere la comunidad. Venimos trabajando en esto con las distintas dependencias de la Alcaldía. Hay una alta indisciplina social que se presenta en El Poblado. Por eso hemos enviado un oficio al director del Área Metropolitana, expresando que no tenemos los soportes técnicos para ejercer el control adecuado. Actualmente hay más de 500 procesos represados por falta de experticia técnica”.
El concejal Santiago Martínez, coordinador de la comisión accidental del ruido, afirmó que el fallo, a pesar de que hasta el momento no se ha cumplido, es un amparo para los residentes. “Se está generando más ruido, por lo que tenemos que hablar también de un tema de autorregulación en los establecimientos comerciales; sino, esto no va a parar”, dijo.
Con respecto a los establecimientos que denuncia la comunidad, el inspector 14 B de El Poblado, Hermes Pineda, indicó que algunos ya son objeto de investigación y que se han adelantado procesos contra los lugares que generan ruido por encima de los decibeles establecidos. A pesar de la molestia de la comunidad, aseguró que en las últimas semanas se han recibido menos quejas, lo que, en su opinión, evidencia un avance.
Ante la incertidumbre de los residentes frente a la aplicación del fallo judicial, Edilma Escobar, directora del programa Rumba Segura, adscrito a la Secretaría de Gobierno, propuso la creación de una mesa de concertación ciudadana, en la cual se dialogue con residentes, comerciantes, administración pública y líderes comunitarios para llegar a puntos de encuentro.
“Esta acción popular es una oportunidad para organizarnos, empresarios y residentes. Nosotros celebramos el fallo porque así vamos a poder solucionar este problema”, expresó Luis Guillermo Orjuela, presidente de la Corporación Zona Rosa.
Según lo estipulado por el fallo, la comunidad puede exigir estrictos y mayores controles a las autoridades municipales por las emisiones de ruido. En él se recomienda modificar el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales situados entre las carreras 32 D y 37, y 36 a 40, entre calles 8 y 10, 10 A y 10 B, donde algunos locales que tienen una extensión de horario hasta las 4 am, solo podrán funcionar hasta las 2 am.
