Diversidad de intereses

Lo hemos dicho muchas veces. No nos parece malo per se que las personas que se involucran en el trabajo comunitario, sea la Junta Administradora Local, las juntas de acción comunal, los comités cívicos, las veedurías ciudadanas, etcétera, lo hagan en representación de determinados intereses. Lo que nos parece malo es que esos intereses sean ocultos, oscuros, dirigidos al beneficio particular y en contra del público, que sean falsos, solo apariencia de trabajo comunitario, cuando en realidad esconden agendas políticas contrarias a lo que se dice en público.
Creemos que esa manera de trabajar, disfrazar intereses privados y mezquinos para aparecer como defensores del interés público, es muy dañina para la comunidad y para la confianza que esta pueda tener en las posibilidades de la democracia participativa. Estas instancias, de hecho tan difíciles de conseguir y tantas veces atacadas por los funcionarios públicos de turno, son valiosas herramientas para la vigilancia de la acción estatal y el cuidado de los dineros públicos. No obstante, una vez más, debido a las agendas políticas privadas de personas poderosas, se pretende disfrazar de trabajo cívico un plan de oposición política al actual gobierno municipal, con miras a posicionarse para la campaña electoral del año entrante.
La valorización, sí, una vez más la valorización, es el terreno que algunos quieren adecuar para el debate público del año entrante. Eso no es malo en sí mismo; ya lo dijimos, los intereses y los puntos de vista diversos hacen parte del debate público. Lo que nos parece perjudicial es usar como herramienta para el logro de objetivos privados o de grupos o personas que permanecen ocultos, procesos de democracia participativa que deben servir como mecanismos de control sobre la acción estatal en las comunidades y no como armas para saldar viejas rencillas políticas.
No sugerimos que es equivocado oponerse a la valorización o al gobierno. Al contrario, lo que decimos es que quienes se oponen a ese impuesto, o al paquete de obras propuesto por la Alcaldía, o quienes favorecen el retorno de este mecanismo de financiación de obras públicas, etcétera, deben hacerlo en público. Presentar sus argumentos, defenderlos y debatir con quienes piensan de otra manera. Pero deben hacerlo en los escenarios apropiados, como el Concejo Municipal, los foros ciudadanos y los medios de comunicación, entre otros, y no frustrando los mecanismos de participación ciudadana poniéndolos a su servicio, y convirtiendo en legitimadores de su agenda privada, sin ellos saberlo, a quienes sí quieren participar en defensa de lo público.
En el pasado la intervención, no digamos la solución, de los problemas viales y urbanísticos de El Poblado ya se ha visto imposibilitada, no solo por los errores, para no llamarlos de otra manera, de la Alcaldía, sino por esta manera de proceder de personas e instituciones poderosas que en defensa de sus intereses privados no les importa llevarse por delante el interés público.
La comunidad ya está advertida y no debe dejarse engañar una vez más.