Diagnóstico reservado

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Dura tarea le espera a la médica Carolina Corcho: reemplazar al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, quizás el mejor funcionario del gobierno saliente.

A un mes exacto de terminar el mandato del presidente Iván Duque, hay consenso en el país en que el ministro de Salud y Protección Social, el salubrista Fernando Ruiz Gómez, fue quizás el mejor funcionario del gabinete. Rodeado de un equipo competente, y confiando en los expertos del INS y los científicos de las universidades colombianas, sorteó con tranquilidad y conocimiento la peor crisis de salud que ha vivido la humanidad en el último siglo, la pandemia del COVID19.

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A pesar de la gravedad de la situación en Colombia, que dejó cerca de 140 mil muertes y más de 6 millones de personas contagiadas, el país, según informó el mismo ministerio, se mantuvo en el puesto 28 en la tasa de mortalidad, al mismo nivel de Inglaterra, Bélgica y la Unión Europea. Aún bajo la desconfianza de muchos compatriotas y las grandes dificultades logísticas, lideró en tiempo récord el proceso de vacunación. A la fecha se han aplicado en Colombia cerca de 86 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, y más del 70 % de la población cuenta ya con el esquema completo.

La ministra tiene el conocimiento y la experiencia para obrar con buen juicio. El país le pide ponderación.

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El buen balance de esta cartera en la superación de la crisis de la pandemia se debe, por supuesto, a la dirección de un líder experimentado y responsable, pero, sobre todo, a la capacidad instalada y al esquema de manejo de la salud en nuestro país, que se puso a prueba en la tormenta. A los colombianos nos da dificultad reconocer las bondades y los avances que hemos logrado, con no pocas dificultades, a lo largo de los años, y en la campaña electoral que acaba de pasar se convirtió en un lugar común hablar mal de la Ley 100 y de todo lo que implica.

Vale la pena recordarlo: Colombia tiene actualmente un 99,5 % de cobertura universal, mientras hace tres décadas, la cobertura era del 33 %. Hoy tenemos más de 24 millones de personas en el régimen contributivo, y una cifra equivalente en el subsidiado. Y, aún en medio de la difícil situación de los últimos dos años, el Gobierno Nacional implementó el Acuerdo de Punto Final, con el fin de sanear muchas de las deudas del sector salud que no habían sido pagadas o remitidas a los entes territoriales, y que tenían en una situación lamentable a las clínicas y hospitales del país.

No tenemos un sistema de salud perfecto, por supuesto, y es evidente que hay muchos aspectos por resolver. Pero decir que es necesario cambiar todo el andamiaje es un absurdo. Los ojos del país están puestos sobre la ministra designada por el nuevo presidente para ocupar la cartera de Salud y Protección Social, Carolina Corcho. No tranquiliza mucho su historial de mensajes ligeros y desobligantes en las redes sociales en la época más crítica de la pandemia y durante la campaña. ¿Frente al principio de realidad que implica la responsabilidad de manejar el bienestar de 50 millones de colombianos, revisará postulados que se emitieron al calor de las elecciones? En la línea de acuerdos y diálogos que ha planteado el presidente electo, ¿serán escuchadas las voces de todos los actores y expertos de nuestro sistema de salud? La ministra tiene el conocimiento y la experiencia para obrar con buen juicio. El país le pide ponderación.

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