Acaba de hundirse en el Congreso de la República un proyecto de Ley para extender el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios a cualquier negocio lícito, supuestamente para que puedan desarrollar sus actividades en condiciones de igualdad.
Fue radicado en julio 2014 por el entonces Senador Eugenio Prieto, hoy Director del Área Metropolitana, y el Representante Iván Darío Agudelo.
El proyecto había fracasado en 2011 por falta de quórum y seguramente será presentado de nuevo.
Mientras el legislador colombiano ha buscado especializar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, el proyecto pretende que puedan hacer cualquier cosa, distrayendo sus recursos en otros menesteres, para igualar una tendencia mundial que permite a las personas jurídicas cualquier actividad lícita. Triste que se tenga que explicitar lo que debería ser un imperativo ético en el sector público.
El proyecto, que busca eludir el control político y social, es cuota inicial para la privatización de EPM, vieja aspiración de sectores empresariales y dirigentes afines. No va a ocurrir por ahora porque el señor Alcalde así lo ha prometido, aun cuando no sobra recordar que idéntica promesa hizo el doctor Aníbal Gaviria y ya vimos lo que hizo con UNE.
No por ser lícito es ético un negocio. Si a una entidad pública le sobran recursos para aventuras empresariales es porque el modelo tarifario le produce utilidades más allá de lo razonable. De hecho, sin cambiar una coma al marco regulatorio del sector eléctrico, y sin comprometer su supervivencia, EPM podría fijar unas tarifas más accesibles para mejorar la competitividad de la región y aliviar la situación económica de sus usuarios. Si no por ahora, dada la difícil coyuntura económica actual denunciada en el Concejo Municipal, sí más adelante con un manejo prudente como el que ahora esperamos en EPM.
Se paga un alto precio en legitimidad institucional cuando se gestiona una entidad pública como un emporio financiero. Con “EPM sin fronteras”, la administración anterior lesionó su estructura administrativa; priorizó negocios de dudosos resultados en el exterior por encima de la obligación estatutaria con sus propios dueños, muchos de ellos desconectados o sin servicios, produjo terror laboral; acalló voces críticas internas sensatas; desbarató equipos competentes, menospreció el rigor empresarial, interiorizado hasta los tuétanos en la organización; impuso directivos externos por encima de funcionarios competentes de extracción interna y generó un clima empresarial deplorable, en mora de ser intervenido positivamente.
No se trata de jugar monopolio con el ahorro colectivo. Hoy EPM tiene intereses en múltiples negocios, algunos curiosos como una reaseguradora en Islas Caimán y una inmobiliaria en Panamá. Así sean negocios lícitos no tiene presentación gestionar bienes inmuebles de la entidad desde Panamá. Si esto ocurre con un objeto social claramente delimitado, piénsese lo que podría pasar con uno sin límites ni controles. Así empezó UNE. Administradores incompetentes e irresponsables la involucraron en negocios supuestamente prometedores que terminaron por comprometerla financieramente. Por ese retorcido camino se justificó la necesidad de mal venderla para “salvarla”.
Con razonamientos como la licitud del negocio, mañana se podría argumentar la conveniencia de incursionar en comercialización de vehículos eléctricos, proyectos de infraestructura, construcción de vivienda, proyectos viales o cualquier extravagancia.
Aun suponiendo que se hicieran buenos negocios (no ocurrió con la fusión UNE MILLICOM, el mejor peor negocio, cada vez peor; ni con ORBITEL, ejemplo de despilfarro; tampoco con OLA ni con AGUAS DE ANTOFAGASTA, versión aumentada del modelo ORBITEL) más temprano que tarde se invocará la necesidad de socio estratégico con músculo financiero y toda la burda artillería que se suele esgrimir para feriar los bienes públicos.
Un riesgo que pasa inadvertido: cada alcalde nombra gerente para su período. Esa mala costumbre se inició con una decisión rutinaria en política. El primer alcalde popular de Medellín incluyó la gerencia de EPM en los nombramientos iniciales de su gabinete. De ahí en adelante sus sucesores han hecho lo propio, sin consideración por las ejecutorias de quien estuviera en el cargo. El ejemplo hizo carrera y difícilmente tendremos un alcalde que tenga el coraje de apartar a EPM de la estructura burocrática municipal. Ni el municipio ni la empresa cambian de dueño cada cuatro años. Esa pobre concepción de lo público es la peor amenaza para una institucionalidad que tiene que trascender los cambios de administración. Respeto por favor.
Ni para clientelas políticas ni para grupos empresariales. EPM para sus dueños: la comunidad. Así de simple.
