/ Juan Carlos Vélez Uribe
En un artículo publicado en el mes de mayo, habíamos advertido que por la experiencia en procesos de Valorización anteriores, no era sino que se repartieran las cuentas de cobro para ver las verdaderas dimensiones del impacto de la contribución en la comunidad, y la verdad es que no nos equivocamos. Hubo una gran reacción negativa, en cuanto a que, según tenemos entendido, más del 30 por ciento de los propietarios presentó recurso de reposición al cobro que le habían efectuado.
Esta actuación de los ciudadanos es el paso previo que se requiere para agotar la vía gubernativa y a su vez poder acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para demandar la nulidad del acto administrativo que ordenó el cobro de la Valorización. Insisto en que lo que conocemos como la contribución de Valorización aplica principalmente para desarrollar zonas semiurbanas o rurales.
Para las ciudades hay que pensar más en la plusvalía, la cual está bien reglamentada en nuestra legislación y se aplica en varios municipios del país. De ahí que reitere que la Administración se equivoca cuando solo acude a la Valorización para ejecutar obras viales y no desarrolla la plusvalía, más aún después de haber logrado la aprobación del nuevo POT de la ciudad. Este, por el cambio de normas urbanísticas en diferentes sectores, va a permitir que varias personas se enriquezcan al favorecerse por el cambio del uso del suelo de sus propiedades o por la modificación en las densidades. Nada se les exigió en contraprestación.
No queremos decir de manera alguna que El Poblado no necesite obras para descongestionar sus vías, pero, como lo hemos expresado en varias ocasiones, las soluciones a los problemas del tráfico iban más allá de las solas obras que se van a acometer. Dijimos además que el Municipio debió haber previsto otras soluciones diferentes a la Valorización para financiarlas; pudo haber sido, bien con parte de la plata de la venta de UNE, bien con recursos propios o bien con aportes del Área Metropolitana.
Ahora, después de haberse ordenado el cobro de la Valorización, al Municipio no le queda otra salida diferente a esperar el fallo de los tribunales ordenando la nulidad del acto administrativo que aprobó dicho cobro, así como atender algunos de los recursos de reposición –ya que todos no los va a resolver en los términos de quienes los interpusieron– o buscar salidas inteligentes que permitan disminuir lo que los propietarios deben pagar. Pero lo ideal sería encontrar una salida financiera, como lo habíamos propuesto, que le permita al Municipio asumir el 100 por ciento de las obras.
[email protected]
