Hablar de fotomultas en Medellín se convirtió en un asunto de tutelas, sentencias constitucionales y otras herramientas jurídicas, en extensas ponencias y en largos tiempos de respuesta.
En julio, la Secretaría de Movilidad, Transporte y Tránsito de Medellín ha estado explicando a periodistas, ciudadanos y concejales (la última sesión fue el martes 16 de julio) las bondades del sistema y la legalidad de todas las acciones, amparadas en disposiciones nacionales y en conceptos de las altas cortes.
En todas estas reuniones las conclusiones que ofrece el Tránsito son las mismas: que las personas no conocen el Sistema Inteligente de Movilidad de la Ciudad y que las cámaras y las fotomultas están ayudando a educar a los ciudadanos y a disminuir la accidentalidad y el riesgo.
Estas conclusiones, por supuesto, tienen detractores, y así ya van más de dos años (desde abril de 2011), en un tire y afloje entre quienes defienden la medida como un método preventivo y educativo y quienes dicen que solo se trata de una manera de meter la mano al bolsillo del ciudadano.
Según las cifras de las autoridades de tránsito, las 42 cámaras han tomado 5 millones 250 mil imágenes, de las cuales 979 mil se han convertido en comparendos efectivos. Ómar Hoyos, secretario de Movilidad y Tránsito, dice: “De este total, los ciudadanos han pedido más de 18 mil audiencias para que se les revise la fotodetección y 11.753 han sido positivas para ellos. Además, tenemos que en 2012 (al 15 de julio) hubo 479 mil 838 infracciones por fotodetecciones y en 2013 (del 1 de enero al 15 de julio) este número se redujo a 262 mil, lo que quiere decir que los comparendos han servido como método educativo”.
El exconcejal Benjamín Higuita, quien en 2012 ganó una tutela que obligó al Tránsito a devolverle el dinero pagado por un parte, es una de las voces discrepantes que asegura que se está violando el debido proceso en la figura de comparendo por fotodetección. “No se les está respetando a los ciudadanos el derecho a contradecir las fotodetecciones, ni tampoco se está llevando un debido proceso porque ¿cómo pueden demostrar que tal o cual persona es la que va manejando el vehículo? Se deben agotar todas las instancias primero en la investigación, pero mientras tanto debe prevalecer la presunción de inocencia”, argumentó durante la sesión en el Concejo.
Las autoridades mostraron más números para alimentar la discusión sobre las fotomultas y el Sistema Inteligente de Movilidad. Por ejemplo, la reducción del 18 por ciento en incidentes en 200 metros alrededor de las cámaras, la disminución en 2012 del 20,6 por ciento en la tasa de mortalidad de accidentes de tránsito por cada 10 mil vehículos, y la disminución del tiempo de respuesta de los guardas ante un accidente. “Antes del Sistema Inteligente de Movilidad los agentes se demoraban cerca de 45 minutos, en promedio, para llegar al evento y hoy solo tardan 17 minutos, ayudando también a disminuir el tiempo de bloqueo en las vías, que se estima aumenta 4 minutos por cada minuto de retraso de las autoridades en la atención de un incidente”, indicó Ómar Hoyos.
Algunas preguntas
A pesar de estos números, algunos usuarios de las vías, como el abogado Andrés Úsuga, especialista en movilidad, tienen varios interrogantes, entre ellos los relativos a los mecanismos para que las personas se enteren del debido proceso. “¿Dónde le dicen al ciudadano que si pide audiencia para que le rectifiquen la fotomulta pierde el descuento que le iban a hacer?, ¿cómo hace el ciudadano para saber si realmente iba a esa velocidad que le aparece en la fotomulta que le llega a la casa?, ¿cómo determina la calibración de esas cámaras y cómo sabe si su velocímetro también está debidamente calibrado?, ¿por qué no se ponen de acuerdo con los demás municipios del área metropolitana para determinar por cuáles vías se permite tal o cual, velocidad?, ¿por qué tiene uno que estar pendiente de las velocidades a cada rato en la ciudad, con variaciones de un tramo a otro?, y ni qué decir de Las Palmas. ¿Por qué una avenida como la Regional, que fue diseñada para velocidades de tres cifras, hoy tiene un límite de 80 kilómetros por hora? Estas son preguntas que tenemos muchas personas y que hoy no están claras”, fue la exposición de Úsuga.
El recaudo, caso aparte
De nuevo los concejales y muchos ciudadanos inconformes cuestionaron a los operadores del sistema y los dineros fruto de este recaudo. UNE, según los reportes, ha recibido cerca de 30 mil millones por el servicio tecnológico prestado, el Municipio se ha quedado con 15 mil millones y las empresas privadas encargadas de los cursos a conductores infractores, han recibido cerca de 10 mil millones. “Permiten que cualquier persona tome el curso en representación de a quien le llega la fotomulta y así recibir el descuento. Entonces, ¿dónde está el carácter educativo aquí?”, preguntó el concejal Nicolás Duque, quien cuestionó además que el sistema se financie con las mismas infracciones: “Es un modelo perverso que solo se hace sostenible mientras las personas sigan infringiendo las normas”.
Como se ve, dos años después las polémicas, las preguntas y las respuestas siguen siendo las mismas. Por ahora lo único cierto es que hay unas cifras, y son esas las que hay que analizar a fondo para determinar el éxito o el fracaso de las fotomultas.
