Su rol como ciudadano es el de la compra legal, con factura, Iva y en sitios reconocidos, y de la denuncia con valor civil. No cabe la indiferencia.
Vienen las jornadas de Colombiamoda, del 24 al 26 de julio. Oportunidad de crecimiento para la ciudad, creatividad, conocimiento, emprendimiento y negocios, para la escena fashion y las fotos atractivas, pero también para que se abra, en serio, un nuevo debate ciudadano sobre el contrabando.
Se esperan 56.000 visitantes, 600 marcas y negocios que tienen como referencia los 179 millones de dólares reportados el año pasado, indicadores que representan generación de empleo, competitividad o la activación de renglones como la restauración y el turismo.
Y como jugador, tan indeseable como peligroso y versátil, también cuenta el contrabando. Es tal su incidencia que, según Fenalco Antioquia, los 4 mil millones de dólares en incautaciones realizadas por las autoridades es si acaso el 10% del fenómeno que impacta al país en materia de textiles, vestuario, confecciones, accesorios y cueros. La Andi suma en el diagnóstico: el año pasado ingresaron al país 234 millones de metros cuadrados de tela y 503 kilos de prendas calificados en el sector como de “precios ostensiblemente bajos”, que no se compadecen con los costos propios del negocio, ni siquiera bajo estrategias de volumen o de saldos.
Según Fenalco Antioquia, los 4 mil millones de dólares en incautaciones de contrabando realizadas por las autoridades es si acaso el 10% del fenómeno.
Es un reto para las autoridades. Analistas señalan que detrás de ese tipo de precios bajos operan el narcotráfico y el lavado de activos, mientras la Andi destaca los esfuerzos de control por parte del Gobierno, que están cortando el fenómeno de tejidos: de 79 millones de metros cuadrados que entraron al país en ilegalidad entre enero y abril de 2017 se pasó a 28 millones en 2018.
Y como de los gremios, también es reto del ciudadano común. Si el escenario es de 28 millones de metros cuadrados de tejidos es porque hay mercado.
Las autoridades vigilantes en puertos y fronteras, el Gobierno generando condiciones y estrechando el control, los gremios aportando conocimiento, producto y competitividad… ¿y el ciudadano? Su rol, simple y conocido, pero no siempre libre de intereses mezquinos, es el de la compra legal, con factura, Iva y en sitios reconocidos, y de la denuncia con valor civil. No cabe la indiferencia frente a un fenómeno que destruye empresa, impuestos, empleos y desestabiliza un clúster potente y de tradición en Antioquia.
